El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que no hay plazos definidos para el inicio de operaciones del proyecto minero Tía María, debido a que en esta ocasión el Gobierno enfrentará una oposición financiada y con experiencia.
Si bien el Ministerio de Energía y Minas había autorizado el inicio de la explotación del proyecto en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Ernesto Álvarez indicó que los dirigentes sociales ahora cuentan con el apoyo de ONG internaciones que ignoran las necesidades de la población.
“¿Se puede hablar de plazos? No, porque ahora sabemos que vamos a tener que enfrentar nuevamente una oposición bien financiada y con mucha experiencia", declaró en Panorama.
De acuerdo al premier, estas organizaciones tienen una agenda que busca preservar el medio ambiente para el beneficio de norteamericanos y europeos, mostrando indiferencia a la pobreza y miseria de los peruanos.
“Entiendo que hay dirigentes que han anunciado que van a continuar las labores de agitación y propaganda para tratar de evitar que se lleva a cabo el proyecto. Detrás de ellos, hay ONGs internacionales que no es que quieran evitar que el Perú pueda tener y utilizar los recursos que la naturaleza le ha dado para solventar servicios públicos como educación pública de calidad, infraestructura en pueblos del interior, sino esencialmente con una agenda internacional. En realidad quieren preservar el ambiente para que norteamericanos y europeos puedan gozar de la tranquilidad en el futuro”, enfatizó.
Como se recuerda, la Dirección General de Minería le otorgó la autorización para el inicio de actividades de explotación del proyecto cuprífero, luego de que Southern Perú cumpliera con los requisitos establecidos por el Reglamento de Procedimientos Mineros.
La inversión proyectada es de US$1,800 millones y se estima una producción de 120,000 toneladas del mineral rojo al año desde 2027.
Ante esta aprobación, dirigentes se manifestaron en contra y expresaron que esta decisión genera intranquilidad y afecta el desarrollo de las cosechas locales. Por ello, no se descartó la reactivación de protestas sociales.
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