El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, señaló que la propuesta para tipificar el delito de revelación de información reservada —incluida en el pedido de facultades al Congreso— está dirigida exclusivamente a los funcionarios y no alcanza a la prensa.
Tras su presentación ante la Comisión de Constitución, Álvarez Miranda declaró a la prensa que el Gobierno mantiene pleno respeto por la libertad de expresión y por el trabajo de los medios de comunicación.
“Este delito está establecido exclusivamente para los funcionarios, no opera por cierto para la prensa porque este Gobierno es respetuoso no solamente de los medios de comunicación, de la labor periodística, sino también de las unidades de investigación, que no tienen por qué señalar sus fuentes, así como determinan los estándares internacionales de protección a la prensa y a la libertad de información”, manifestó.
Precisó que la propuesta busca convertir en delito una conducta que hoy solo acarrea una sanción administrativa y que alcanza a funcionarios como fiscales, policías y personal subalterno del Ministerio Público y del Poder Judicial.
El premier indicó que el objetivo del Ejecutivo es castigar a quienes “faciliten” la fuga de personas investigadas, delincuentes o sospechosos de la comisión de delitos.
“Se trata de penalizar algo que se viene realizando en la práctica y que solo tiene una sanción administrativa, que es la utilización del poder transitorio, de la capacidad de información que tienen determinados funcionarios, como pueden ser fiscales, policías, personal subalterno tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial o de las fuerzas policiales para facilitarle la huida a determinados investigados, delincuentes o sospechosos de delincuentes”, resaltó.
“Esto lo hemos visto prácticamente cada semana, personas que estaban involucradas en hechos delictivos y que tenían que sufrir una detención para someterlos a la justicia, de pronto escapaban o eran informados por personas corruptas que son funcionarios”, finalizó.
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