El aumento del sueldo presidencial en Perú, que eleva la remuneración de Dina Boluarte de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales, ha generado una fuerte controversia política y social.
El Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, firmado por la propia presidenta y el ministro de Economía, oficializó este incremento, argumentando que se basa en la Ley del Servicio Civil y que no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, siendo financiado con el presupuesto del Despacho Presidencial.
En respuesta, el Congreso ha presentado ocho proyectos de ley impulsados por parlamentarios de las bancadas Socialista, Bloque Democrático Popular y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, que buscan anular este aumento por considerarlo ilegal, inconstitucional y desconectado de la realidad socioeconómica del país.
Entre los argumentos destacan que el sueldo presidencial no debe superar las 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (aproximadamente S/ 26,000), límite establecido por la Ley 28212, y que el aumento no cuenta con sustento técnico ni legal válido, ya que fue aprobado mediante decreto supremo y no por ley.
La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, calificó el incremento como una “evidencia inmoral y antiética” por parte de la mandataria.
En declaraciones a RPP, la legisladora cuestionó la falta de transparencia en el proceso, sumado al malestar ciudadano frente a una crisis económica y social que afecta a millones de personas en pobreza.
Ruth Luque considera que el aumento de sueldo presidencial, firmado por la propia Dina Boluarte, evidencia que “no le importa lo que la población piense”
“El incremento del salario presidencial a S/ 35 568.00 en un país empobrecido, desigual y violentado, no es solo una medida equivocada: es una ofensa al pueblo peruano. Por eso, debe ser revertida de inmediato, y debe servir como punto de partida para una profunda reforma ética del servicio público”, indicó por su parte el congresista Alfredo Pariona.
En tanto, la legisladora Margot Palacios señala que “no se puede premiar a una funcionaria pública que por su incapacidad en gestión gubernamental tiene una baja aprobación ciudadana, según todas las encuestas, habiendo llegado a niveles inferiores al margen de error estadístico”.
Además, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar a la presidenta Dina Boluarte y a los ministros involucrados para que expliquen el aumento salarial, y evalúa presentar iniciativas para derogar el decreto y cuestionar la gestión gubernamental.
Tras el cuestionado incremento del sueldo presidencial, el congresista Arturo Alegría consideró el hecho como una cachetada a la realidad que vive el país”
En tanto, el legislador Jaime Quito tildó el aumento del salario de la mandataria como “una burla a la población”, pues refirió que equivalente a más de 30 salarios mínimos. “Se premia la incapacidad, las mentiras y el rechazo popular”, aseveró.
Así, el aumento salarial presidencial ha provocado un rechazo masivo en el Parlamento y ciudadanía, con múltiples proyectos legislativos en marcha para revertir la medida, en un contexto de cuestionamientos sobre su legalidad, oportunidad y legitimidad política.
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