Una moción de censura fue presentada contra el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas, por presuntas irregularidades en la conducción de la sesión de la Comisión Permanente del 20 de noviembre, donde se debatió la posible inhabilitación de la expremier Betssy Betzabet Chávez Chino.
La moción señala que Cerrón no garantizó la imparcialidad del proceso ni verificó la habilitación vigente del abogado Raúl Noblecilla, quien participó como defensa técnica de Chávez pese a que —según el documento— no contaba con habilitación activa en el Colegio de Abogados de Lima (CAL).
“El congresista Waldemar Cerrón Rojas, contrario a guardar una postura imparcial y garantizar el respeto al Parlamento, no cauteló que la defensa técnica de la acusada contara con habilitación vigente”, se lee en el texto firmado por los parlamentarios impulsores de la censura. Afirman además que el estatus de Noblecilla estaba disponible en la plataforma pública del CAL y que su participación vulneraría los procedimientos parlamentarios.
Contexto del debate sobre Betssy Chávez
El Pleno del Congreso rechazó recientemente la propuesta de inhabilitación por diez años contra Betssy Chávez, con 63 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, sin alcanzar los 68 votos requeridos.
Durante el debate, la defensa de Chávez cuestionó reiterados procesos parlamentarios relacionados con exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo y alegó persecución política. Noblecilla afirmó que el objetivo sería impedir que la ex primera ministra pueda ocupar cargos públicos en el futuro.
Segundo informe aprobado en la Comisión Permanente
A pesar de la votación en el Pleno, la Comisión Permanente aprobó un segundo informe que también recomienda inhabilitar a Betssy Chávez por diez años por su participación en el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022. La votación fue de 17 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.
El informe acusa a Chávez de haber coordinado y difundido el mensaje presidencial que anunciaba la disolución del Congreso, lo que la comisión considera una grave infracción al orden constitucional.
El documento será elevado al Pleno del Congreso, que deberá evaluar y votar la recomendación en una sesión posterior.
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