Los congresistas Edgard Reymundo y Alfredo Pariona presentaron proyectos de ley para derogar la Ley de Amnistía recientemente promulgada, que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa por delitos cometidos durante la lucha contrasubversiva entre 1980 y 2000.
Reymundo argumentó que la norma vulnera “una serie de derechos fundamentales” y afectaría “156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos en curso”. Sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las amnistías por violaciones graves “son inadmisibles” y que estos crímenes son de lesa humanidad e imprescriptibles.
Por su parte, Pariona calificó la ley como “un retroceso en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos”. Recordó que la CIDH prohíbe otorgar amnistías en casos de graves violaciones, citando pronunciamientos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Ambas propuestas subrayan que la Constitución reconoce la primacía de los tratados internacionales de derechos humanos y que el Tribunal Constitucional ha considerado que las leyes de amnistía en delitos de lesa humanidad “son nulas y carecen, ab initio, de efectos jurídicos”.
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