De otro lado, titular del Poder Judicial considera que la ley que permite impugnar un auto de enjuiciamiento hará colapsar el sistema de justicia.(Foto: Poder Judicial)
De otro lado, titular del Poder Judicial considera que la ley que permite impugnar un auto de enjuiciamiento hará colapsar el sistema de justicia.(Foto: Poder Judicial)

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, solicitó ayer directamente al Congreso que restituya la figura penal de la detención preliminar al recordar que es una herramienta que evita la impunidad.

Sumándose a la invocación de la Fiscalía de la Nación, la titular del Poder Judicial remarcó que “cada día, cada hora, se pierde la posibilidad de encontrar a los autores de delitos y que el hecho no quede impune”.

La ley 9733, que restituye la detención preliminar, fue observada por el Poder Ejecutivo pero aprobada por insistencia en la Comisión de Justicia la semana pasada.

Ahora requiere de un pleno extraordinario, cuya convocatoria requiere de 78 firmas.

“Bien sabemos que la detención preliminar lo que busca es recopilar indicios porque evidentemente es un estado de sospecha, pero si nosotros no vamos a restituir la detención preliminar, perdemos esa gran oportunidad de que el hecho no quede impune”, agregó Tello.

Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que presidió la mesa de trabajo técnico, anunció que la detención preliminar podría retrasarse hasta marzo debido a que aún no se consiguen las firmas para un pleno extraordinario.

La norma no puede ser aprobada por la Comisión Permanente.

LA OTRA LEY

De otro lado, Tello advirtió sobre la ley 32130, que permite a los investigados impugnar el auto de enjuiciamiento, la fase previa al juicio oral.

“Nunca jamás se impugnó un auto de enjuiciamiento, esto será un caos, no tendrá solución y será una hecatombe como ya viene siendo”, sostuvo.

Alertó que estas apelaciones harán colapsar el sistema de justicia pues hasta octubre de 2024 se tenían 3 mil casaciones por resolver y dicho número se elevó en enero de 2025 a 14, 500 causas, lo que sobrepasa las capacidades de los cinco magistrados supremos que se ocupan de estos procesos.

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