La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, respaldó el estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jerí y destacó la importancia de las medidas restrictivas que se implementarán para frenar la ola de criminalidad que afecta a Lima y el Callao.
“Me parece que son necesarias esas restricciones que se han puesto dado que la criminalidad nos está realmente sobrepasando en todos los aspectos y las cárceles lamentablemente estaban siendo un punto donde se fomentaba en algunos espacios el crimen y más bien eran lugares (donde) a través de los teléfonos se hacen coordinaciones para seguir con la extorsión”, declaró a RPP.
Pacheco afirmó que las medidas “son apropiadas en principio” y expresó su confianza en que permitan alcanzar los objetivos planteados para reducir los índices de criminalidad.
Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Qué implica y qué derechos se restringen?
El Gobierno oficializó la declaración del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de treinta días calendario, conforme al Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM.
La medida se fundamenta en la “grave afectación de la seguridad ciudadana”, la “perturbación del orden público” y el “incremento de la criminalidad violenta” en ambas jurisdicciones.
Control del orden interno y apoyo militar
Durante la vigencia del Estado de Emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Ambas instituciones coordinarán acciones con los gobiernos locales y entidades del sistema de seguridad para enfrentar el avance del crimen organizado.
La PNP determinará las zonas de intervención en función de informes de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.
Restricción de derechos constitucionales
La norma dispone la restricción o suspensión temporal de derechos vinculados a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito.
En cuanto a la libertad de reunión, las actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo requerirán autorización previa de las autoridades. Las que no sean masivas podrán realizarse sin permiso.
Operativos y control territorial
Entre las medidas operativas se incluyen el control territorial focalizado y patrullajes conjuntos en zonas críticas, como paraderos, estaciones del metro y activos estratégicos.
También se realizarán operativos de búsqueda y captura de requisitoriados mediante controles de identidad, que podrán extenderse a inmuebles y a ciudadanos extranjeros bajo procedimientos sancionadores.
Se prohíbe, además, el tránsito de dos adultos en motocicletas lineales (categoría L3) y se intensifican los operativos de decomiso de armas, explosivos ilegales y pirotécnicos.
Medidas penitenciarias y contra la extorsión
En los centros penitenciarios, las visitas se restringen a una por semana para el régimen cerrado ordinario y a una quincenal para el régimen cerrado especial. Solo se permitirá el ingreso de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Se aplicará el “apagón eléctrico” en las celdas y se ejecutarán operativos para suspender de inmediato líneas telefónicas vinculadas a extorsión o secuestro.
Coordinación y supervisión permanente
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y los comités de seguridad regionales y distritales de Lima y Callao permanecerán en sesión permanente.
También se conforman comités especializados de coordinación, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación de la PNP, las FF.AA., ministerios, gobiernos locales y organismos supervisores.
Respeto al uso proporcional de la fuerza
La intervención de las fuerzas del orden deberá regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto de los derechos fundamentales, conforme al Decreto Legislativo Nº 1186 y la Ley Nº 32291, así como al Decreto Legislativo Nº 1095 sobre el apoyo de las FF.AA.
El decreto dispone que toda acción se ejecute en concordancia con el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”.
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