Luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazara el cuestionado predictamen de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), el dirigente de los mineros informales Maximo Franco Bequer amenazó con radicalizar sus protestas y también con derramamiento de sangre y muertes.
“Va a correr sangre, eso es, tiene que correr sangre, morirá gente del pueblo, pero también morirán policías”, sentenció el presidente de la Confederación de la Pequeña Minería (Confemin).
Según se le escucha en un video difundido en redes sociales, el dirigente lanza esta amenaza en su discurso ante sus seguidores en la céntrica avenida Abancay, frente al Parlamento, de donde los mineros en protesta fueron desalojados ayer en horas de la madrugada.
RADICAL. Maximo Franco Bequer, quien es militante de Renovación Popular, ya había amenazado con radicalizar sus protestas al abandonar la noche del martes la sesión de la Comisión de Energía. También rechazó la decisión de dicho grupo de trabajo legislativo.
“Vamos a radicalizar la medida. Confemin convoca a una movilización nacional; no solo a los mineros del país, a los ronderos, a las comunidades, a todos los peruanos. Todos tienen que venir (a Lima) a apoyar esta lucha. Es ahora o nunca”, sostuvo.
Esta amenaza fue censurada por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien pidió su expulsión de la organización política en la que milita.
“Los mineros ilegales (se hacen llamar ‘artesanales’) dicen que va a ‘correr sangre de policías’. Su líder es militante de un partido de derecha. Qué esperan para expulsarlo? O postulará al Congreso? A ellos no los persigue la Fiscalía; al contrario, los protege”, escribió el legislador en su cuenta de X (Twitter).
BLOQUEOS. Mientras tanto, la situación sigue siendo preocupante en Ica, Arequipa, Cusco y La Libertad, donde grupos de mineros informales mantienen bloqueadas importantes vías de comunicación, entre ellas la Panamericana Sur, interrumpiendo el traslado de pasajeros y de carga de Lima hacia el sur, y viceversa.
De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), hasta ayer se reportaron seis bloqueos de carreteras en las mencionadas regiones.
Desde Arequipa se advirtió que esta medida podría extenderse a otras zonas de la Panamericana Sur o a otras vías, como parte de la radicalización de las protestas de los mineros informales.
Los puntos más afectados por los bloqueos se ubican en tres zonas de la Panamericana Sur: en el kilómetro 443, en Ica, Nasca; y en los kilómetros 619 y 782, en las provincias de Caravelí y Camaná, respectivamente, en Arequipa.
A causa de estas obstrucciones siguen suspendidos el transporte de pasajeros y de carga hacia y desde esta zona del país.
En tanto en ciudades como Nasca y Arequipa se cierne el riesgo del desabastecimiento de alimentos y otros productos, si es que continúan las interrupciones al paso en la Panamericana Sur.
NOCIVO. El impacto negativo de la interrupción de esta importante vía en ciudades como Ica y Arequipa fue advertida por representantes de los sectores económicos de estas regiones.
El presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Carlos Fernández, advirtió a Canal N que los bloqueos ya causan en la Ciudad Blanca el desabastecimiento de combustibles como el GNV, el GLP y el diesel, que no solo utilizan los vehículos sino también la industria.
Advirtió que es inminente la escasez de productos esenciales como alimentos y medicamentos.
Similar preocupación fue expresada por el presidente de la Cámara de Comercio de Ica, Eduardo Ojeda, quien señaló que esta situación afecta a toda la región sur del país y no solo al transporte, sino también a los pequeños productores y agricultores.
Por su parte, Martín Ojeda, gerente del Gremio de Transporte Interprovincial, refirió que de persistir los bloqueos se afectará el traslado hacia la capital de diversos productos esenciales.
Alertó que si bien en esta vía permanecen varados alrededor de mil camiones de carga y 200 buses de pasajeros, unos 1 500 buses también se mantienen paralizados en las ciudades del sur del país debido a la suspensión del transporte de pasajeros.
RESTITUIR EL ORDEN. Frente a esta situación, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) expresó su enérgico rechazo al bloqueo de carreteras, en vista de que vulnera los derechos fundamentales de las personas.
Mediante un comunicado, dicho gremio manifestó que estas medidas de fuerza constituyen un acto contrario a la Constitución y a las leyes, y que afecta la circulación de personas y de bienes esenciales como alimentos y medicinas, además de otros productos de primera necesidad, lo que afecta directamente a millones de ciudadanos.
La SNI demandó al Gobierno a actuar con firmeza para restituir el orden y garantizar el libre tránsito de personas y productos.
Por su parte, el Ministerio de Justicia informó que si bien el derecho a la protesta pacífica tiene amparo constitucional, los delitos de disturbios y el entorpecimiento de los servicios de transporte pueden ser castigados con prisión.
Subrayó que el Código Penal sanciona duramente los actos violentos en las protestas y que, por ejemplo, el delito de disturbios puede castigarse con hasta 15 años de prisión, si se afectan vías nacionales.
De igual modo, indicó que el artículo 283 del Código Penal sanciona el entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos –como transporte, electricidad, gas o telecomunicaciones– con penas de hasta 6 años de cárcel.
En caso de existir agravantes, añadió, la sanción puede ser de hasta 10 años de prisión si se generan daños graves o se afectan infraestructuras esenciales.
SIN RETROCESO. Entre tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reiteró que el Ejecutivo no retrocederá sobre la decisiones adoptadas en el proceso de formalización minera mediante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“En este gobierno no vamos a retroceder respecto a las decisiones que se han dado. Más de 50 mil Reinfos están fuera de la ley”, remarcó ayer en la conferencia que se ofreció al termino de la sesión del Consejo de Ministros.
Llamó al diálogo a los mineros que mantienen tomadas varias vías del país y reiteró la voluntad del Ejecutivo de acompañarlos en su proceso de formalización. Agregó que si bien respetan el derecho a la manifestación pacífica, esto no quiere decir que se puedan bloquear carreteras.
