Gremios consideran que será letal el impacto de Las Bambas. FOTOS: RENZO SALAZAR
Gremios consideran que será letal el impacto de Las Bambas. FOTOS: RENZO SALAZAR

A menos de 48 horas de la suspensión de operaciones de la minera MMG Las Bambas, Óscar Caipo, presidente de la Confiep, lamentó el papel del gobierno en el manejo del conflicto minero que ha tenido este triste desenlace.

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“El gobierno vulnera el Estado de Derecho, al legitimar la extorsión y la toma de carreteras como mecanismo de protesta. También antepone intereses de grupos violentos sobre el bienestar general de la población y los derechos humanos de los trabajadores”, señaló Caipo.

En una conferencia de prensa, consideró que esta situación “es el resultado de la falta de capacidad de gestion que venimos advirtiendo ante nombramientos de funcionarios en instituciones del estado sin criterios técnicos, ni experiencia previa, priorizando las afinidades políticas y dejando de lado la meritocracia y el conocimiento del sector”.

Por su parte, Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de Las Bambas, lamentó el impacto negativo que los continuos bloqueos y la progresiva reducción de la producción están teniendo sobre los trabajadores y la población de Apurímac.

“Al detener nuestra producción, se ven afectadas las familias de más de 75,000 personas que trabajan directa o indirectamente en torno al funcionamiento de las operaciones de Las Bambas. Además, actualmente la fuerza laboral de Las Bambas alcanza a 8,000 trabajadores entre planilla y contratistas. De ellos, el 28% proviene de la región Apurímac y el 21% de la región Cusco”, detalló.

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ATROCIDAD

Por su parte, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), Pablo De la Flor, relató las duras consecuencias que traerá la paralización de MMG Las Bambas en el país.

“Es un efecto nocivo. El 75 % del PBI (Producto Bruto Interno) en Apurímac depende de Las Bambas. El cese de (sus) operaciones es equivalente al de una bomba atómica”, dijo De La Flor en RPP.

La vía, bloqueada desde hace casi un mes, atraviesa decenas de poblaciones de Apurímac y Cusco.

En un diálogo anterior con este diario, De La Flor precisó que el bloqueo por parte de la comunidad de Chumbivilcas ocasionaría una pérdida de  US$10 millones por día.

Una comunidad que, como precisó De La Flor, está ubicada a 200 kilómetros de la operación minera.

Cabe recordar que Llas negociaciones, entre representantes del gobierno, la minera y de las comunidades no han llegado a buen puerto, básicamente, por las exigencias de los grupos que dicen representar los intereses de los pobladores.

Los reclamos van desde ser parte de la zona de influencia social directa de la mina y convertirse en proveedoras.

“Lo que está en juego es la exigencia de la comunidad, que está a 200 kilómetros de la operación, para que les entregue la contratación de camiones para el transporte de mineral. No se está discutiendo la problemática supuesta de contaminación ambiental ni del levantamiento del polvo ni del uso de la vía. Es estrictamente una negociación comercial”, detalló De la Flor.

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