El expresidente Martín Vizcarra ha recibido cinco meses de prisión preventiva. Cinco de los seis que postulaba el Ministerio Público para salvaguardar el eventual cumplimiento de una condena en el Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, hoy en fase de juicio oral con el “Lagarto” como protagonista.
El exgobernador regional de Moquegua enfrenta una potencial condena de quince años de prisión por presuntas coimas, de hasta 2.3 millones de soles, a cambio de las citadas licitaciones.
En audiencia
“Existe peligro procesal y peligro de fuga (…) falta de arraigo familiar y de arraigo laboral, un comportamiento cuestionable y una pena posible a imponer, entre otros”, concluyó el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria (Corte Superior Nacional), a cargo de evaluar el requerimiento fiscal.
Uno a uno, el magistrado fue detallando las inconsistencias en la estrategia legal del exmandatario.
Señaló, por ejemplo, sobre su arraigo laboral, que si bien se presentó un contrato de locación de servicios con la empresa Urbaniza 3D SAC, este no fue certificado con notario público hasta el 26 de junio, cuando se evaluó en primera instancia el pedido de prisión preventiva.
La situación se tornó aún más llamativa para el juez al considerar que la locataria es la ciudadana Julia Mónica García Mendoza, “que tiene no solamente contrato con esta empresa, sino también con el estudio jurídico que ahora representa al acusado.
“Es la contadora de la empresa con poderes registrales desde enero del 2025 (…) La gerente general es la esposa del acusado (Vizcarra), Maribel Díaz”, observó el juez.
En esa línea, el exmandatario habría intentado sorprender a la judicatura, pues este “es un contrato entre cónyuges y, para evitar ser descubierta esta situación por las autoridades, lo firmó la apoderada García Mendoza con un otorgamiento de poder de unos meses atrás (…). Y no cabe la posibilidad de aseverar que el acusado o los firmantes desconocían del proceso penal que se seguía al referido acusado”.
Además, Chávez consideró “cuestionable” que la empresa tenga “como socias fundadoras a sus hijas”.
Tras considerar lo que señaló la defensa sobre otra compañía, del que Vizcarra era socio junto a su hermano, Chávez Tamariz remarcó que, por todo lo antes expuesto, “para el juzgado se instrumentalizó deliberadamente todo ello para generar un arraigo laboral”.
Asimismo, precisó que “no basta para argumentar un arraigo familiar la presencia de una familia”.
En este marco, destacó que “si bien el acusado tiene un hijo menor de edad (…) el domicilio de él y de su madre es en Moquegua, y el domicilio del acusado es aquí, en Lima”.
En líneas generales, sostuvo que “está demostrado que el acusado buscó manipular el sistema judicial, con contratos y documentos, para evitar medidas en su contra ante las graves acusaciones; e incluso, después del primer pedido de prisión preventiva, ha buscado desesperadamente sanear este arraigo”.
“Asegurar la presencia física del acusado cuando deba ser resuelta su situación jurídica es imprescindible, más si el plazo que se solicita para privarlo su libertad es extraordinariamente breve”, finalizó el juez.
En cinco meses, según una estimación indirecta del magistrado, debería concluirse el juicio oral.
“Nadie está por encima de la ley”
El juez tampoco consideró contundente “el contrato de locación de servicios profesionales” con el partido político Perú Primero.
Sobre ello, precisó que se “trata de actividades genéricas” y que, si bien se reportó un “diálogo con pescadores del puerto de Chancay y otros”, no se cuenta con “ningún dato específico con quienes mínimamente haya desarrollado actividad o, al menos, los nombres”.
El magistrado calificó como “llamativo” que Vizcarra Cornejo cobrara 18 mil soles, el último 2 de julio, por parte de la organización política.
Así, se mostró sorprendido por la forma de “peticionar el pago, demostrando que es contrario a las cláusulas contractuales que ha suscrito (el hoy acusado), y que “el recibo por honorarios se giró posterior a la audiencia de prisión preventiva” inicial; “esto es, ante la observación que realizó el fiscal en el anterior debate con el anterior juez”.
Para finalizar, Chávez subrayó que no se puede “perder de vista que el acusado es el fundador del partido político, como se lee de la propia página” institucional.
Además, se refirió al proselitismo político de Vizcarra. Afirmó que si bien la “profusa campaña” que inició el procesado “tiene sus bases en el contrato” con el partido en mención, “es evidente que, al estar en discusión su libertad individual (...) hace aquello que le resulte lógico para un hombre promedio o común, evidentemente, para rechazar cualquier medida cautelar”.
Sobre ello, fue categórico: “No puede ser esto ajeno para este juzgado porque nadie está por encima de la ley ni la Constitución”.
Defensa apunta contra juez
En respuesta a la decisión de la justicia, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, despotricó contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz.
A su salida de la sede judicial, en diálogo con la prensa, no dudó en calificar al magistrado como un “usurpador”, al “advertir” que este contaba con una “resolución previamente redactada” y que su fallo sería parcial, pues su esposa sería “una fiscal del Equipo Especial Lava Jato” que alberga, a su vez, al fiscal del caso Germán Juárez.
Primero, aseveró que el fiscal, “en ningún momento, ni por escrito ni cuando oralizó su requerimiento, cuestionó el arraigo familiar” de Vizcarra Cornejo.
“El juez, usurpando prácticamente las funciones del fiscal, lo ha cuestionado, lo ha puesto en duda y en tela de juicio (...) ¿Cómo puede ser posible que mi patrocinado no tiene arraigo laboral si vive con menores de edad y con su esposa?”, increpó. En esa línea, cuestionó que el magistrado solo haya “demorado cinco minutos” en leer su resolución.
“Comenzó a leer e indicó que tenía cuadros elaborados ¿Qué quiere decir? ¿Que la resolución estaba previamente redactada? Eso es lo que se ha advertido. Pero más allá de ello, hay que tener en cuenta que el magistrado es esposo de una fiscal del Equipo Especial Lava Jato al que pertenece el Sr. Juárez Atoche”, dijo.
Al finalizar la audiencia, Siccha, como era de esperarse, señaló que apelaría el fallo. Por su parte, la Fiscalía se mostró conforme.
