Procupador Ramírez: “Recuperar la confianza tiene un costo, Odebrecht tiene que pagarlo”

El procurador ad hoc para el caso “Lava Jato”, Jorge Ramírez Ramírez, considera que la empresa brasileña Odebrecht, comprometida con actos de corrupción en el Perú, “se está burlando del país”, pues pretende pagar solo el equivalente de una pequeña parte de las coimas que generó en el Perú, cuando en realidad existe un daño extrapatrimonial que no ha sido considerado.

¿Por qué fijar el monto de reparación civil para Odebrecht en más de 3 mil millones de soles? 

Para comenzar, el monto de reparación civil se ha determinado sobre tres proyectos de obras públicas en los que ha participado Odebrecht: la carretera Interoceánica Sur (tramos 1, 2 y 3), el Gasoducto Sur Peruano y la carretera Chacas-Áncash. Se trata de delitos de gran corrupción, en donde aparecen involucrados funcionarios de alto nivel y empresarios de mucho poder. Ahí encontramos un patrón criminal que se repite en todas las obras en que participó la constructora brasileña.

¿En qué consiste ese patrón? 

Encontramos hasta siete puntos: acuerdo fraudulento; ajustes al marco jurídico; intervención en estudios previos; intervención en licitaciones; influencias en puestos claves; ejecución con sobrecostos; influencia en supervisores de las obras; y acuerdos con árbitros.

¿Cómo se ha llegado a determinar una cifra que la propia empresa ha considerado que es impagable?

Para ese monto nos hemos basado en la legislación civil peruana. Todo aquel que genere un daño está obligado a repararlo e indemnizarlo, y estos daños civiles se dividen en daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Finalmente, es un monto que será evaluado y aprobado por un juez en audiencia pública.

¿En qué consiste?

En el patrimonial tenemos el daño emergente, que es el perjuicio evidente al Estado con patrimonio, además de ingresos futuros que deja de percibir a raíz de los hechos ilícitos.

¿Y el extrapatrimonial? 

Se trata de una afectación a la imagen y al prestigio instiitucional de 264 millones de soles y daño social de 878.8 millones de soles, solo en el proyecto Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Si le sumamos el daño patrimonial en esta obra, se calcula 1736 millones de soles. El mismo cálculo se ha hecho con los otros dos proyectos.

Con el comunicado, Odebrecht parece no entender eso... 

Es que para calcular el daño extrapatrimonial se considera, como primer criterio, el doble de la utilidad que el consorcio percibió con el proyecto, y además lo que costaría hacer una reforma en la institución, porque si afectas la confianza al haber sobornado supuestamente al presidente de la República (Alejandro Toledo), afectas la confianza de la población. Recuperar esa confianza tiene un costo. Odebrecht tiene que pagarlo, pero también quienes participaron junto a ella.

Odebrecht está evaluando continuar colaborando con las investigaciones, justamente por el monto de reparación civil. 

La empresa brasileña pretende confundir el concepto de multa con el de reparación civil. La multa tiene fines punitivos; es decir, si no me pagas, te vas preso. Pero con la reparación civil tienes que reparar el daño e indemnizar por el perjuicio ocasionado; sigue otra lógica para cuantifcar otro monto.

De todas maneras puede haber un riesgo en las investigaciones si Odebrecht y sus colaboradores dejan de aportar información a la Fiscalía. 

Es un absurdo. La colaboración eficaz y la investigación penal van por cuerdas separadas. En la colaboración, el colaborador negocia la pena con el fiscal y llega a un acuerdo para que no se le aplique la pena, es decir, no va preso. Muy aparte es la reparación civil.

La empresa sostiene que el monto de reparación civil es superior con respecto a otros países como Estados Unidos, Brasil, Suiza... 

Ellos (Odebrecht) pretenden pagar el doble de lo que han sobornado (66 millones de dólares), pero no sabemos cómo pasaron de 29 millones a 33 millones de dólares de manera arbitraria. No hay que dejarnos llevar por la desinformación.

¿Cómo ha sido el acuerdo en otros países?

En Estados Unidos (el acuerdo de reparación civil) son 93 millones de dólares, pero es solo por usar su sistema financiero para el pago de coimas en otros países, no estamos hablando de que sobornaron a funcionarios. Si así hubiera sido, el monto sería más elevado.

Hay una gran diferencia con el monto que quieren pagar. 

Resulta increíble teniendo en cuenta que han corrompido a la máxima autoridad de la nación, al presidente de la República. Han generado desconfianza de la ciudadanía en la clase política y otros daños irreparables: escuelas, hospitales que se hubieran podido hacer con ese dinero. Finalmente, las víctimas somos nosotros.

¿Se están burlando del país? 

Exactamente.

¿Están incorporadas las socias peruanas de Odebrecht (Graña y Montero, ICCGSA, JJ Camet como terceros civilmente responsables?

Justamente hemos ingresado un pedido ante el Poder Judicial para que sea sustentado en una audiencia pública el próximo 20 de febrero.

KUCZYNSKI. Como abogado del Estado, ¿se siente con independencia para investigar hechos que se relacionan con pagos a empresas vinculadas al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de Odebrecht? 

No tenemos ningún problema. Justamente, sobre ello, hemos impulsado la investigación y pedimos documentación sobre la empresa Westfield Capital. Además, hemos presentado un pliego interrogatorio y pensamos viajar a Chile para interrogar a Gerardo Sepúlveda, con la Fiscalía.

¿No hay temor de llegar al fondo de los hechos, así se trate del Presidente? 

La investigación se encuentra en la Fiscalía, pero es contra los que resultan responsables por las transferencias realizadas por Odebrecht a dos empresas (Westfield y First Capital). También hemos pedido información bancaria. Como procuraduría, estamos abocados a determinar el daño al Estado y, por supuesto, todos deben ser investigados.

¿Cuál es el paradero de esa primera denuncia que formuló su predecesora, Katherine Ampuero, sobre las vinculaciones de PPK con Odebrecht?

Nuestro despacho presentó un escrito impulsando la denuncia y ahora se encuentra en el despacho del fiscal Hamilton Castro.

¿Le convencieron las respuestas del presidente Pedro Pablo Kuczynski ante el fiscal Casto, en la que estuvo usted presente? 

No puedo hablar sobre culpabilidad o inocencia, es un tema que se está viendo en la Fiscalía.

Para determinar el monto de reparación civil ¿se ha contado con un equipo especializado para determinar el daño?

Así es, se ha contado con profesionales expertos, auditores financieros, ingenieros civiles, especialistas en contrataciones, especialistas en responsabilidad civil. Aquí hay un trabajo que ha evaluado la parte económica de los proyectos, lógica, utilidades. Cuando llegamos a la procuraduría, no encontramos a ningún perito.

¿La procuraduría cuenta con el presupuesto suficiente para hacer su trabajo? 

Contamos con el mismo presupuesto de la gestión pasada (5 millones de dólares).

¿El Decreto 003 ha funcionado? 

Bastante bien. Nos ha permitido retener los activos de Odebrecht. Hay que aclarar que parte de esa retención va a un fideicomiso para asegurar el pago de la reparación civil.

¿Cómo va el trabajo con la Fiscalía? 

Anteriormente no se ponían de acuerdo, se recuerda la gestión de su predecesora y sus desencuentros con el fiscal Hamilton Castro. Actualmente, las relaciones están encaminadas. El mensaje que debemos dar al país es que las instituciones -procuraduría, fiscalía, Poder Judicial y otros-, respetando sus competencias y facultades, deben trabajar contra la corrupción empresarial y estatal.

Reparación civil y multas en el mundo

En Panamá, se fijó la cifra de $220 millones y en República Dominicana la suma de $148 millones.

Con respecto al país norteamericano, la multa impuesta fue de $632 millones por sobornos a políticos y funcionarios para obtener y mantener negocios (EE.UU. vs. Braskem).

CIFRA. 3 obras comprende el primer estimado del monto por reparación civil para Odebrecht.

CUESTIONAN. En un comunicado, Odebrecht consideró que la Procuraduría ha fijado un valor “30 veces superior al total de los pagos ilícitos informados en colaboración”.