Procuradora Silvana Carrión sobre ley de colaboración eficaz: “Sí debe haber un plazo, pero debe estar diseñado de otra manera”

La polémica autógrafa sobre el recorte de los plazos para los colaboradores eficaces, aprobada hace casi dos semanas por el Congreso de la República, aún tiene preocupados a diversos sectores como la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, a cargo de la procuradora Silvana Carrión.

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El dictamen limita el proceso de negociación y corroboración entre la Fiscalía y los aspirantes a colaboradores. De oficializarse, estas diligencias se reducirán a un plazo de ocho meses más una prórroga de acuerdo al caso abordado: cuatro en investigaciones de delitos comunes y ocho en temas de crimen organizado.

¿Cree que el Ejecutivo evita pronunciarse sobre esta ley? No ha garantizado aún si la observará o no, como sí lo hizo con otras normas, por ejemplo, con el proyecto sobre el nombramiento automático de docentes.

Esperamos que el Ejecutivo observe la norma. Nosotros (Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato) enviamos un informe al procurador Daniel Soria, él ya se pronunció al respecto y ha solicitado una observación. Este documento también se le alcanzó al ministro de Justicia, Daniel Maurate, señalando diversas observaciones.

Resalta en la norma que no se establezcan plazos distintos para las personas naturales y jurídicas...

Creo que no hay un entendimiento claro de lo que aborda una y otra. La dinámica es distinta en ambos casos. Hay un trabajo de recopilación: hablamos de sistemas contables, documentación, etc., que implica un tiempo y un volumen determinado.

Por otro lado, para el cálculo de la reparación civil de empresas hay una ley especial y eso tampoco lo aborda la norma. Esta establece que hay que trabajar con toda la documentación que brinden las entidades públicas, allí tenemos información de gobiernos regionales, entre otros, donde también hay una demora importante.

Hay datos del 2009-2010, el Estado no necesariamente ha digitalizado o archivado de manera cronológica todo esto. Esta realidad legal no está reflejada en las modificatorias.

¿Cuánto tiempo tardan las autoridades, en promedio, en cerrar un acuerdo de colaboración eficaz con personas naturales y jurídicas?

El proceso de Odebrecht, donde se sometieron cuatro proyectos, duró más o menos tres años. Comenzó a inicios del 2017 y la sentencia se aprobó en junio del 2019. La empresa Graña y Montero (Aenza), se sometió a colaboración en el año 2018, con información de 16 proyectos, y concluyó en septiembre del 2022; en este caso, estamos pendientes de la aprobación judicial.

Dos años y medio a tres, por la experiencia que tuvimos con esas dos empresas mencionadas, (es el tiempo estimado). Hay una tercera empresa que está bajo reserva y con la que ya tenemos un acuerdo, con ella, el proceso ha durado casi tres años.

Los procesos de colaboración con personas naturales duran casi dos años. Nosotros hacemos un trabajo de verificación patrimonial y también la reunión de negociación de la reparación civil. Es más difícil cuando los colaboradores están en el extranjero.

Hay 54 procesos de colaboración en curso solo en el caso Lava Jato. ¿Cuántos de estos procedimientos son colaboraciones corporativas (personas jurídicas)?

Tenemos cinco empresas, a la fecha, con las que estamos haciendo tratativas y negociaciones para las reparaciones civiles.

Los 54 procesos no son los únicos, es decir, el fiscal recibe la información, la corrobora y luego convoca a la Procuraduría para que inicie las negociaciones de reparación civil.

En muchos de estos casos, nosotros (Procuraduría) todavía no hemos sido convocados porque aún no se está en el estadio procesal estipulado para ello. Esta cifra es una referencia, son los procesos donde nosotros participamos directamente, hay otros que no conocemos aún y que la Fiscalía mantiene bajo reserva.

¿Cuáles de estos procesos tienen mayor antigüedad? ¿A qué casos están vinculados?

Tenemos solicitudes que datan del 2019 en las que estamos trabajando. Tenemos en marcha colaboraciones vinculadas a los proyectos Gasoducto y Línea Amarilla, estos son los más antiguos. Estos procesos necesitan una corroboración a través de la cooperación internacional, otro factor a considerar en los procesos de colaboración.

En muchas ocasiones el colaborador facilita esta entrega, pero por una cuestión formal y legal, hay que cuidar los canales por los que se entrega también la información.

Especialistas en la materia, consultados por este medio, coincidieron en respaldar que se fije un plazo determinado para estos procesos. En la ciudadanía, por otro lado, existen críticas hacia las autoridades por la demora en algunos de estos procedimientos, puntualmente, en el caso Lava Jato.

Desde la Procuraduría se ha hecho un gran esfuerzo por comunicar y transparentar toda la información posible. Los procesos de colaboración eficaz ya cerrados han dado sus frutos: hay resultados efectivos.

Toda la información que pasó Odebrecht a través de su proceso, con sentencia aprobada, ya fue enviada a investigaciones abiertas. En los cuatro proyectos donde confesaron ilícitos, la Fiscalía ya presentó acusaciones y, buena parte de la acusación, está sustentada en los medios probatorios.

Sí existe esa percepción en la ciudadanía de que los procesos son amplios o duran mucho, de que las sentencias todavía no llegan, pero vamos camino a ellas. Esto no se va a solucionar recortando los plazos de los procesos de colaboración.

Sí debe haber un plazo, pero debe estar diseñado de otra manera en la norma. En nuestras observaciones propusimos que los fiscales fijen sus plazos al interior del proceso. Otro tema es que no hay la logística necesaria para que los fiscales corroboren todo lo necesario en el plazo que señalan.

Hay otros aspectos de la norma que también están en debate, por ejemplo, que los abogados de los aspirantes acudan obligatoriamente a las reuniones con los fiscales; o la prohibición de corroborar las declaraciones de los solicitantes con otras en la misma condición.

En el caso Lava Jato, lo que he podido observar es que ni con la Fiscalía o Procuraduría los colaboradores asisten a reuniones si no están con sus abogados. Creo que es útil, por otro lado, que el colaborador tenga la posibilidad de dirigirse directamente al fiscal si así lo desea, sin la presencia de su defensor.

La prohibición de corroborar una declaración con otra es una injerencia en la autonomía del fiscal, en su libertad aprobatoria para plantear el caso como considere; pero también una intromisión a lo que el juez puede hacer dentro de sus facultades como magistrado en los requerimientos. Concuerdo en que la norma incorpore que la declaración de un colaborador no solo deba estar corroborada con la de otro, sino que se verifique con otros medios de convicción.

Exprocuradores y penalista a favor

La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, y el exprocurador anticorrupción Christian Salas respaldaron la aprobación de la norma. En diálogo con Correo, cuestionaron la demora de varios años en estos procedimientos y el cierre de algunos acuerdos de colaboración, principalmente, el celebrado con Odebrecht.

“El único caso en el que indebidamente se inició una negociación con una empresa fue Odebrecht. Esto ocurrió cuando la ley en el gobierno de Kuczynski no permitía hacerlo, la modificatoria fue posterior”, afirmó Salas. El especialista también rechazó que el acuerdo cuente con una cláusula de entrega de información progresiva.

Ampuero, por otro lado, manifestó que el plazo con personas jurídicas debería extenderse. Comentó que el periodo de 16 meses para casos de crimen organizado, considerando la prórroga, debería aumentar a 24.

“(Los casos emblemáticos) no son investigados por el subsistema anticorrupción, de lavado de activos o una fiscalía común. Se formaron equipos especiales, se les dio logística y tiempo exclusivo. No es posible que estos procesos duren cuatro o cinco años. (En el Perú) se empezó a investigar con una base, no de cero como en Brasil”, añadió.

El penalista Andy Carrión, mientras tanto, acotó que el proyecto es “inadecuado (…) tal como está formulado” y que deberían brindarse 16 meses para casos comunes y 36 en temas de crimen organizado. “Todo instituto procesal tiene un plazo ¿Por qué el acuerdo de colaboración no lo tendría?”, puntualizó.

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