Procuraduría exige celeridad a la fiscalía en investigaciones por “Lava Jato”
Procuraduría exige celeridad a la fiscalía en investigaciones por “Lava Jato”

En lo que representa un claro llamado de atención, el procurador anticorrupción Amado Enco exigió al Ministerio Público mayor celeridad en las investigaciones que se llevan a cabo en el caso “Lava Jato”, debido a la preocupante demora que podría comprometer los resultados en las pesquisas que se hacen a la empresa brasileña Odebrecht, así como las autoridades peruanas que recibieron coimas entre 2005 y 2014. Así, recalcó la necesidad de adoptar acciones urgentes, como el congelamiento de cuentas, la incautación de información y registros domiciliarios, para que el despacho del fiscal Hamilton Castro tome acciones inmediatas y determine resultados más concretos.

SIN PRECEDENTES. Enco manifestó que lo acontecido en el caso “Lava Jato” hace referencia a uno de los acontecimientos más complejos que podrían desafiar los sistemas de justicia gubernamentales, especialmente el peruano, aún más luego del periodo vivido tras el destape de la corrupción durante los años 1990 y 2000. Por ello, remarcó la importancia de tener en cuenta a las empresas brasileñas que se vincularían al accionar de Odebrecht, una tarea que viene siendo apoyada por la presidenta del Consejo de Defensa Jurídico del Estado, Julia Príncipe, y la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, mediante la conformación de un grupo de especialistas que se abocará de manera exclusiva en este caso y que estaría iniciando labores a lo largo de la presente semana.

“Se ha conformado un equipo multidisciplinario de unos 20 profesionales como equipo inicial, porque este caso va a demandar mayores esfuerzos humanos y logísticos. Se está iniciando labores esta semana para abocarse exclusivamente al caso ‘Lava Jato’”, indicó.

ACCIONAR URGENTE. Ante la demora aparente del Ministerio Público sobre estos hechos, el abogado del Estado señaló que ha exigido al fiscal Hamilton Castro la ejecución de los actos de investigación, como registros domiciliarios, incautación de información, etc., que consideran necesarios para el proceso de las pesquisas relacionadas a Odebrecht. “Hemos ingresado un documento hace más de ocho días, en el que hemos planteado no solo la ampliación de denuncia contra Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Gonzalo Monteverde Bussalleu, con nombres concretos, sino que hemos requerido una serie de actos de investigación, y dentro de ello están los registros domiciliarios e incautación de información”, señaló.

Manifestó también que estas medidas se activan a nivel de investigación preliminar, por requerimiento de la procuraduría -ya que su institución representa la parte legitimada en defensa de los intereses del Estado-, y cuando se actúa de oficio.

“Nada le impide a los fiscales adoptar decisiones de esta naturaleza para poder darle mayor impulso a la investigación y recabar pruebas que son determinantes en esta fase de la investigación”, aseveró.

De esta manera, Enco espera que durante esta semana la fiscalía se pronuncie e informe sobre los pasos concretos a realizarse en los próximos días.

“Se dice que en esta fase se deben actuar con diligencias de carácter urgente, para poder cautelar los intereses, y no solo la gravedad de la víctima, sino del proceso fundamentalmente. Estamos en una fase en la que hay actos de investigación que sí se pueden realizar y aconsejo que deben realizarse”, enfatizó.

PEDIDO. El procurador anticorrupción señaló que su institución ha solicitado la concurrencia en calidad de testigos de una serie de personajes, incluyendo a expresidentes de la República, exministros de Estado, funcionarios técnicos con roles en comisiones importantes y de interés; personajes que no han sido citados por el Ministerio Público hasta el momento.

“Hay una lista que superan las 75 personas en calidad de testigo. Hasta ahora estamos esperando que el Ministerio Público emita su disposición, tomando una decisión sobre lo que hemos planteado. He tenido una reunión con el fiscal Hamilton Castro y ha manifestado que esta semana el Ministerio Público se va a pronunciar al respecto”, concluyó.

Enco determinó que los plazos prolongados que se han considerado hasta ahora podrían perjudicar el éxito de la investigación, debido a que los protagonistas de estos hechos pueden buscar formas en las cuales se dificulten el avance de las pesquisas en el país.

CERCANÍA. El titular de la institución indicó que se realizó una primera reunión el pasado lunes entre representantes de la compañía brasileña con autoridades de la fiscalía, para determinar de qué manera se logrará un trabajo de colaboración en las indagaciones, al asumir los daños causados y reparar al Estado por los actos de delito.

“De hecho, ha habido ya un acercamiento de la empresa a la Procuraduría. Nosotros estamos llanos a escuchar a la empresa, que proponga cuáles son sus fórmulas y arribar a una voluntad de reparar los daños causados al Estado; la Procuraduría los va a escuchar”, expresó.

Precisó que su institución emitirá un pronunciamiento cuando se logre un acuerdo final, conforme se realicen en las siguientes reuniones.

GRAÑA Y MONTERO. Enco señaló que otras empresas peruanas y brasileñas como Graña y Montero también van a ser incorporadas en las investigaciones, debido a que lo acontecido forma parte de un sistema de corrupción “bien planificado y que ha sido maquinado, establecido y liderado por Odebrecht”.

“Todas tienen que responder. Aquí no se puede descartar la responsabilidad de ninguna. Tienen que pasar por las investigaciones para responder por su participación en estos hechos. No descartamos la inclusión en las investigaciones de ninguna empresa”, sentenció.

DEBATE CONGRESAL. En el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso surgió un debate en torno a la pertinencia de las opiniones de aquellos legisladores que integran la comisión “Lava Jato”.

La declaración de uno de sus miembros, Víctor Andrés García Belaunde (AP), sobre la inacción del gobierno en torno a los sobornos que la constructora Odebrecht reconoció haber realizado a funcionarios peruanos, motivó distintas reacciones.

“El gobierno no quiere enfrentarse a Odebrecht. Le tiene miedo a Odebrecht. Qué cosa sabe Odebrecht del gobierno. Qué cosa sabe (Jorge) Barata de los miembros del gobierno que no quieren enfrentarse a Odebrecht”, criticó el parlamentario de Acción Popular.

Tras sus declaraciones fue cuestionado por el congresista oficialista Juan Sheput (PPK). “Me parece mal (la posición de García Belaunde) porque es miembro de la comisión ‘Lava Jato’ y no debe adelantar opinión. Ese es uno de los problemas por los cuales hay personas que no quieren que la comisión ‘Lava Jato’ investigue. El congresista Víctor Andrés Belaunde debe ser cuidadoso en ese sentido”, sostuvo.

Insistió en que las opiniones de García Belaunde pueden ser consideradas como adelanto de opinión y, en consecuencia, “generar algún clima en contra de los avances de la misma”.

Cabe recordar que el legislador aprista también integra esta comisión investigadora.

“Los congresistas no somos jueces. Los congresistas emitimos opinión y siempre la vamos a seguir emitiendo. El adelantar opinión no invalida una investigación”, manifestó.

Destacó que los congresistas no son neutrales, pues pertenecen a grupos políticos. “Pertenecemos a partidos políticos, discutimos entre nosotros y tenemos posiciones políticas”, dijo tajante.