La Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato ha solicitado al Poder Judicial que la reconozca como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria que se sigue a 10 personas vinculadas al Partido Aprista Peruano por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.
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El pedido fue presentado el pasado 31 de enero y en él, la defensa legal del Estado precisa la pretensión patrimonial que persigue, además de establecer el perjuicio que se le imputa a cada uno de los investigados.
Entre los investigados se encuentran los exministros Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca, la excongresista Luciana León y Luis Antonio Gasco Bravo. La defensa legal de estos últimos ha presentado oposición al pedido de la Procuraduría AD HOC.
El juez Richard Concepción Carhuancho ha programado una audiencia virtual para el lunes 20 de mayo a las 9:00 a.m. para evaluar la solicitud de la Procuraduría. Si el juez acepta el pedido, la entidad quedará habilitada para solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil que se les pueda imponer a los investigados.
Detalles del caso
La investigación se inició tras la declaración del exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien admitió haber entregado 200 mil dólares al Partido Aprista Peruano para la campaña presidencial de Alan García en 2006.
La Procuraduría AD HOC considera que este dinero fue obtenido de manera ilícita y que los investigados lo lavaron a través de diversas empresas y operaciones financieras.
Si el juez acepta el pedido de la Procuraduría AD HOC, esta entidad podrá participar activamente en la investigación y presentar pruebas y argumentos para sustentar su acusación. Además, podrá solicitar el pago de una reparación civil en caso de que los investigados sean condenados.
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