Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, expresó su preocupación tras la aprobación en segunda votación de la ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa procesados por casos vinculados a la lucha antiterrorista durante 1980-2000, advirtiendo que esta medida puede vulnerar derechos fundamentales y consolidar la impunidad en el país.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó la norma con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, rechazando posteriormente el pedido de reconsideración, lo que consolidó la aprobación de la ley impulsada por la Comisión de Constitución.
El texto aprobado establece que la amnistía beneficiará a quienes estén denunciados, investigados o procesados por delitos derivados de su participación en la lucha antiterrorista, excluyendo expresamente a los acusados por terrorismo o corrupción. Además, se modificó el alcance del beneficio de “carácter humanitario” para incluir a adultos mayores de 70 años, miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa, con sentencia firme o en ejecución de pena, reduciendo el límite inicialmente propuesto de 80 años.
Proética recordó que una amnistía sin un fin genuino de reconciliación constituye un acto de corrupción política, ya que representa el uso abusivo de las leyes y de la autoridad para otorgar favores a determinados grupos, a costa de los derechos de las víctimas. “No se puede permitir que una amnistía se convierta en una vía para que personas se sustraigan de la acción de la justicia, afectando el derecho de acceso a la justicia de los perjudicados”, subrayó la organización en su pronunciamiento.
La institución enfatizó que las medidas de control constitucional deben ser activadas para revisar esta norma, a fin de evitar que se restrinjan los derechos fundamentales y que hechos graves queden impunes bajo la figura de amnistía, debilitando así el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática en el país.
“Usar las leyes para beneficiar a algunos a expensas de las víctimas es un acto de corrupción. Es urgente que se actúe para invalidar cualquier norma que restrinja los derechos fundamentales de las peruanas y peruanos que merecen justicia”, concluyó Proética.
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