Una de las frecuentes escaramuzas de manifestantes contra la Policía Nacional en protestas en Puno. (Foto: Diego Ramos / AFP)
Una de las frecuentes escaramuzas de manifestantes contra la Policía Nacional en protestas en Puno. (Foto: Diego Ramos / AFP)

Como era previsible, las controvertidas conclusiones del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido objeto en el Perú de interpretaciones diversas y contradictorias.

El ex canciller Francisco Tudela la estima sesgada y asevera que invierte la realidad, además de que no le presta la mínima atención a los derechos humanos de quienes defendieron a la sociedad peruana.

Miguel Rodríguez Mackay también señala un sesgo evidente en el informe y deplora la ausencia o escasez de un ánálisis jurídico y hermenéutico en el documento, pues, a juicio, predomina en él el lenguaje acusatorio.

También lamenta el desinterés del informe CIDH en reconocer o mencionar siquiera los daños o detrimentos contra el Estado peruano y la población no comprometida con los manifestantes.

Juan Velit Granda se muestra menos hostil al informe y más propenso a compartir las conclusiones del documento, aunque no duda en cuestionar la acusación de “masacre” endilgada a las fuerzas militares y policiales, y la cataloga, con énfasis, de “un exceso”. Lo que sigue es el detalle de los puntos de vista de los tres expertos.

Francisco Tudela: “Informe está sesgado e invierte la realidad”

El excanciller Francisco Tudela cuestionó las conclusiones del informe que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que determinan que hubo uso excesivo de la fuerza durante las protestas.

Considera que el contenido está “sesgado” y que “invierte la realidad” de los sucesos. El informe pasa por agua tibia “la criminalidad desarrollada durante la protesta que incluyó el asesinato de un policía, quemado vivo”.

Criticó que para este organismo, los fallecidos en defensa de la sociedad no tienen derechos humanos, y que solo los extremistas violentos, terroristas, guerrilleros, bloqueadores de carreteras e incendiarios de juzgados y fiscalías sí los tienen.

“En el mundo moral, los humanos que se comportan humanamente son los que tienen verdaderos derechos.

“Los criminales los pierden, y por eso se les manda a la cárcel”, manifestó.

Recordó que en el pasado, la Corte IDH jamás pagó una sola indemnización a las familias de policías y militares muertos, sea por Sendero Luminoso, el MRTA.

“Más aún, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la impudicia de decirle al gobierno que debe abstenerse de calificar la acción criminal de esa falsa protesta”, expresó.


MIGUEL RODRÍGUEZ MACKAY

“No mira los detrimentos al Estado peruano”


Lamentablemente, es un informe iminentemente sesgado, muy parcial. Desnuda la naturaleza política de su contenido. En el pasado, le dedicaban una enorme carga de elementos de valoración jurídica en su contenido. Este parece un reporte sociológico, antropológico o político, atributos que no corresponden a un informe de derechos humanos. Hay una suerte de exacerbación, de extralimitación respecto al análisis que debió ser hermenéutico.

En cuanto a términos como “masacre”, “ejecución extrajudicial”, el informe denota un lenguaje acusador, porque, refiriéndose a una masacre, lo que está diciendo es el que Estado peruano se ha anarquizado y ha hecho de la violencia legítima una violencia ilégítima.

Entonces, las adjetivaciones del informe, en verdad, son coartadas letales para la construcción de futuras denuncias que van a haber contra funcionarios, presidentes, ministros de Estado, jefes militares o autores materiales ante la Corte IDH.

El informe no mira, en ningún caso, los detrimentos al Estado peruano, solo ve supuestos abusos. No habla para nada del policía quemado vivo, de los seis policías ahogados en Ilave, y desmanes y fechorías contra la población opuesta a las protestas. Tampoco dice nada de los cientos de policías heridos por ataques de los manifestantes. Sus recomendaciones no son vinculantes.

Esto es muy grave porque estamos frnete a un informe con una gran carga ideológica, de otra manera no se puede explicar.


JUAN VELIT GRANDA

“Calificar de masacre me parece excesivo”

Sin lugar a dudas es una llamada de atención muy fuerte y muy dura al Estado peruano. Este informe es también una llamada de atención a la presidenta Dina Boluarte, como a su gabinete y, especialmente, a su ministro del Interior a quien consideran uno de los principales responsables en el uso excesivo de la fuerza, en desproporción a la de los manifestantes.

Es un documento vinculante. Nos obliga a un comportamiento. Si no, si el Perú no aplica las recomendaciones, el Estado va a tener que pagar penalidades, hacer un desembolso como ha ocurrido en otras oportunidades.

Por otro lado, calificar como “masacre” la actuación de militares y policías me parece excesivo.

El término masacre se refiere a otra cosa. Masacre es, digamos, cincuenta personas de una aldea de Vietman rodeada por militares, y matan a todo el mundo; niños, ancianos, madres, a todo el mundo. Eso es una masacre. Aquí ha habido muertes, sí, muertes posiblemente injustas pero no en la dimensión de masacre. Yo creo que el término debería ajustarse un poco más a la realidad. El término me parece - yo no he estado en el lugar de los hechos - pero creo que es excesivo.

No se menciona la muerte de seis soldados muertos en Ilave, Puno. Eso es un hecho que debe ser resaltado en la respuesta que haga el Perú en términos técnicos.



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