Prófugos ponen en evidencia fallas del Poder Judicial en control de procesados

¿Sin efecto real? Las recientes medidas dictadas por el Poder Judicial (PJ) parecen ser letra muerta en el Perú ante la verdadera situación de algunos procesados, hoy prófugos de la justicia. Incluso varios de ellos, durante sus últimos meses en libertad, habrían tenido el tiempo suficiente para elaborar mecanismos que los ayuden a evadir a las autoridades.

El caso más reciente es el de Lupe Zevallos, hermana del sentenciado exdueño de Aerocontinente Fernando Zevallos, quien puso en jaque al sistema judicial luego de que, tras un proceso de más de 14 años, se le dictara una condena de 25 años de cárcel por lavado de activos.

Pese a que en un primer momento se informó que Zevallos se retiró de la sala de audiencias antes de escuchar su sentencia, el Poder Judicial sostuvo que la acusada no acudió a la Corte.

“Ello ha sido esclarecido incluso ante la prensa por el señor fiscal adjunto David Cerna, quien estuvo presente en la audiencia, precisando que fue Milagros Zevallos Gonzales, también procesada, quien salió a los servicios y no retornó”, reza el comunicado difundido por la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios sobre la confusión que se habría generado en cuanto a la presencia de las hermanas Zevallos.

Sin embargo, desde la clandestinidad, Lupe Zevallos se contactó con una radio local e intentó -a través de una exposición confusa y atropellada- explicar su situación jurídica.

“Ayer (lunes) me presenté a un cuarto para las 12 (11:45). Nos hicieron ingresar en la sala para que dicten sentencia. Me sentí mal, y a diez para la 1 (12:50) me retiré. Era la presión tan fuerte, (que) me retiré. Luego, al empezar a dictarse la sentencia, yo seguía mal (…). Luego me enteré de esta desgracia de que me habían sentenciado. No me he apersonado todavía”, refirió a Radio Exitosa.

Dijo estar coordinando con sus abogados para analizar los términos de su sentencia. “Tengo tres hermanos presos. Mi madre, de 83 años, no puede ir presa. Tengo que lucharla, tengo que jugármela. Mi madre no puede morir en la cárcel, es una santa. No hemos delinquido, se lo juro. Nunca hemos cometido una acto ilícito en medida; voy a seguir luchando desde donde me encuentre”, expresó.

Hasta el cierre de esta edición, Zevallos, quien retornó al país desde España en agosto último, no ha sido localizada por las autoridades.

MÁS CASOS

Según se informó entonces, tras una serie de allanamientos a propiedades vinculadas a su persona, Monteverde no había sido visto ni de manera remota en los alrededores de su casa en Surco desde hace dos meses.

El Poder Judicial ha ordenado, junto a su captura, la de su esposa, María Isabel Carmona Bernasconi.

Ayer por la tarde circuló la versión de que se encontraría en un departamento ubicado en el malecón Santa María, en el distrito de San Bartolo. Se señaló incluso que la Policía se mantenía vigilante a la espera de una orden judicial de allanamiento y descerraje.

Monteverde Bussalleu es acusado por la Fiscalía de recibir, junto a miembros de su entorno, alrededor de $29 millones para el pago de sobornos a funcionarios durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. El empresario permanecía en el país desde que regresó de EE.UU. en diciembre del 2016.

PRÓFUGO

Moreno fue liberado en abril del 2017 tras dejarse sin efecto una orden de prisión preventiva por el caso Odebrecht, pese a cuestionamientos en su contra por presuntos sobornos de la constructora a favor de la licitación de obras como la Costa Verde tramo Callao.

El exgobernador ha sido señalado por exdirectivos de la constructora, quienes desde Brasil han declarado que Moreno recibió al menos $4 millones por la adjudicación de la referida obra.

CRÍTICA

En conferencia de prensa, el titular del Mininter se mostró crítico al referirse a la inmediatez con que las autoridades judiciales actuaron frente al caso del suboficial PNP Carlos Miranda, quien fue encarcelado tras dictársele prisión preventiva por provocar la muerte de un presunto delincuente durante una intervención.

“Si han sido tan proactivos, tan diligentes en pedir la medida de detención preventiva a un policía que abatió a un delincuente, por qué no somos proactivos, diligentes, para que estas personas (reciban) no una detención preventiva, pero (sí) un arresto domiciliario, en vista de los graves indicios y evidencias que se está recogiendo en los últimos meses por las fiscalías especializadas”, manifestó.

Morán descartó un presunto aumento en la recompensa de S/20 mil por Moreno, quien pagaría cinco veces más que el Estado a cambio de su seguridad. Y aseguró que, según fuentes de inteligencia, el exgobernador aún permanecería en territorio nacional.

“Esto no es una subasta. Es una acción que la Policía tiene que hacer por función fundamental. Estamos esperando y confiando en que haga su trabajo y, más temprano que tarde, pueda ser ubicado y capturado”, expresó.

En otro momento se refirió a las limitaciones que la Policía enfrenta cuando apunta a llevar a cabo una medida preventiva, como -según señaló- ocurrió con la camioneta que realizaba vigilancia desde los exteriores de la residencia del expresidente Alan García; y los servicios que se prestaron para el caso del exvocal supremo César Hinostroza.