El congresista Edgard Reymundo Mercado (BDP) presentó el proyecto de ley 11214/2024-CR, que permitiría a gobiernos regionales y locales ejecutar proyectos de inversión o adquirir equipos para el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la propuesta, las autoridades subnacionales podrían financiar infraestructura bajo el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como comprar bienes, vehículos o equipamiento para el PJ y la Fiscalía.

Estos aportes se realizarían mediante convenios interinstitucionales sin costo para las entidades judiciales, los cuales serían firmados por los gerentes generales de cada institución.

El legislador señaló que la iniciativa responde a las limitaciones que enfrentan ambas instituciones.

Según datos citados en el proyecto, el Ministerio Público solo cuenta con 10 sedes propias de un total de 445, mientras que el 97.7% de sus locales alquilados operan en condiciones inadecuadas.

Por su parte, el Poder Judicial tiene 2,896 dependencias distribuidas en 637 sedes, de las cuales 480 son alquiladas.

La propuesta establece que esta colaboración no afectaría la independencia judicial ni fiscal, ya que la Ley Orgánica de ambas instituciones garantiza su autonomía funcional.

Además, se basa en la Ley 31774, que ya faculta a gobiernos regionales y locales a ejecutar proyectos de inversión mediante convenios.

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