En febrero de 2023, cuando Dina Boluarte tenía un poco más de dos meses como presidenta de la República, anunció que su gestión “adoptaría acciones urgentes, concretas y drásticas contra la delincuencia común y el crimen organizado en todo el país”.
Dos años después, la situación de inseguridad que atraviesa el Perú se desbordó. Los asesinatos y extorsiones a colegios, negocios, comedores populares, buses y diferentes espacios públicos, son el pan de cada día.
En un intento por calmar a la ciudadanía, Boluarte habló sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el Perú, además, anunció la presentación de un proyecto para establecer el servicio policial y militar obligatorio.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la mandataria hace promesas vinculadas a la lucha contra la delincuencia que caen en saco roto. De acuerdo con información que revisó Correo, en los últimos años hay al menos siete propuestas claves que se quedaron en el tintero o avanzan a paso de tortuga (ver infografía).
LAS PRIMERAS
El 28 de julio de 2023, la presidenta Dina Boluarte asistió al Congreso para dar su primer mensaje a la nación.
En aquella oportunidad anunció la presentación de un proyecto de ley que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana.
La norma permitiría la incorporación de manera célere a miles de jóvenes a las actividades policiales para cerrar la brecha de falta de personal. Sin embargo, la propuesta no se hizo efectiva porque la Comisión de Defensa del Congreso no aprobó la iniciativa y la envió al archivo.
Durante el debate en el mencionado grupo de trabajo, más de un legislador coincidió en que la propuesta no es una solución para combatir la inseguridad ciudadano porque, en el mejor de los casos, el primer grupo de policías egresaría en seis meses después de que se concluya la implementación de infraestructura en la Policía, con lo que se obtendría personal sin experiencia.
Otros legisladores calificaron la propuesta de Boluarte como una medida populista.
Una segunda promesa que hizo Boluarte en su mensaje a la nación fue la ampliación y construcción de dos penales por un monto de 300 millones de soles.
Precisamente, la construcción de cárceles es una demanda que tiene muchos años, por la sobrepoblación penitenciaria que tiene el Perú.
Sobre esta promesa, la mandataria recién colocó la primera piedra para la construcción de un penal en Abancay. Es decir, un año y siete meses después.
EXTRANJEROS
Una política bastante abordada durante el Gobierno de Boluarte está relacionada con los extranjeros, esto por el constante ingreso de extranjeros con antecedentes y por las bandas criminales como “El Tren de Aragua” que tienen sus orígenes fuera del Perú.
Por ejemplo, Boluarte dijo durante su mensaje a la nación de 2023 que, a fin de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros en nuestro país, presentaría un proyecto para modificar el Código Penal y poner la figura de expulsión para extranjeros en casos de flagrancia.
“De esta manera, cubriremos un vacío que existía en nuestra legislación”, dijo la mandataria.
Sin embargo, el Ejecutivo no presentó una iniciativa vinculada al tema.
Lo que si existe es una propuesta del 2022 del congresista José Arriola en ese sentido y otra de Miguel Ciccia, presentada hace un mes.
Por otro lado, en el mensaje a la nación también se anunció la presentación de un proyecto para modificar el artículo 30° del Código Penal que permitirá aplicar como pena, la figura de la expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados a una pena suspendida o condicional.
Sobre este aspecto, tampoco se registra una propuesta de parte del Poder Ejecutivo.
TRES MÁS
Una de las promesas de Boluarte que no se hizo efectiva es el despliegue policial a todas horas del día, tal como lo anunció en julio del año pasado.
La mandataria dijo que los ciudadanos verían un despliegue policial en incremento. “Hemos dado instrucciones claras a nuestra Policía Nacional para atacar a la criminalidad. Vamos a golpearlos, debilitarlos y ponerlos en manos de la justicia. Nuestro gobierno no le va a entregar nuestro país a la delincuencia”, afirmó.
Incluso, la presidenta se atrevió a asegurar que el Perú será testigo del despliegue policial a todas horas del día y que se usaría la fuerza policial para cuidar a los ciudadanos desde que amanece, cuando se trasladen a sus centros de trabajo y estudio, así como en su retorno a sus hogares.
Lo cierto es que la presencia policial solo se evidencia cuando declaran estados de emergencia, tras hechos criminales que ponen en jaque al Gobierno de Boluarte, como el reciente asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores.
Sin embargo, en el día a día es notorio la falta de personal policial en las calles.
Por otro lado, en julio del año pasado, la presidenta Boluarte aseguró que el Ministerio del Interior impulsa la integración de sistema de videovigilancia para implementar medidas y disposiciones que regulen el uso de las mismas para la seguridad ciudadana.
En esa línea, afirmó que en dos meses tendrían un piloto de seguridad y vigilancia en los principales centros comerciales del país, que incluirá el uso de cámaras de identificación facial para que la Policía pueda detectar a personas con requisitorias, a criminales con recompensas por captura, personas con antecedentes policiales y aquellos que son recurrentes a robos.
Hasta la fecha, no se presentaron delincuentes capturados bajo esa modalidad.
Por otro lado, una de las promesas incumplidas más recientes fue anunciada por el ministro de Defensa, Walter Astudillo, en setiembre del año pasado.
Se dijo que se ampliaría el penal de máxima seguridad de Challapalca en Tacna, para trasladar a sentenciados y procesados por los delitos de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de uso ilegal.
En enero de este año, Javier Llaque, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), explicó que la ampliación se descartó por la resistencia de la población local.
JUSTIFICACIÓN
Ayer, durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el premier Gustavo Adrianzén se refirió a la condición irregular de migrantes en el Perú.
“Nosotros estamos haciendo esas expulsiones. Sin embargo, vemos con profunda preocupación que hay algunos espacios donde lamentablemente esas expulsiones no se pueden producir porque el país de origen no lo recibe. No los podemos dejar en el mar, tenemos que cumplir con las obligaciones humanitarias que tenemos”, precisó Adrianzén.
Por otro lado, el ministro Astudillo adelantó que están trabajando en un decreto supremo para incrementar la propina del personal de tropa para que pase de 250 soles a 700 soles.
“Si incrementamos la propina se hace más atractivo el servicio militar, para que los jóvenes disciplinados y con valores tengan una mayor oportunidad de formar parte”, indicó.
