Tensiones y una larga lista de problemas por abordar al interior del Poder Judicial (PJ) dejó la reunión entre la titular de esta entidad, Janet Tello, y la comisión especial del Congreso a cargo de una propuesta de reforma de justicia.
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El grupo de trabajo, liderado por María del Carmen Alva (No Agrupada), recibió a Tello Gilardi el último miércoles 8.
La falta de presupuesto, las urgencias del sector y la alta carga procesal fueron los temas puestos sobre la mesa por la máxima autoridad del PJ.
“Hay dos millones y medio de expedientes dando vueltas” en el sistema, sostuvo.
FRICCIONES Y OMISIONES. En la sesión, no pasaron desapercibidas las diferencias entre ambos Poderes del Estado. Tello y Alva se enfrascaron, por unos minutos, en un tenso momento por la elección de jueces supremos: la primera abogaba por mantener el sistema de méritos; la segunda, por volver al modelo de los 80 (ver infografía).
“El Perú es un ejemplo de democracia por mantener dicho sistema”, alegó la presidenta del PJ. Alva, a su vez, respondió que su tío, Javier Alva Orlandini, integró el PJ en los años 80 y que en ese entonces “había un nivel”.
En comisión. No obstante, la provisionalidad de los jueces, quizá uno de los temas más urgentes por revisar en el sistema de justicia, fue uno de los grandes ausentes en las dos horas de sesión parlamentaria. Poco o nada se dijo sobre ello. Si acaso, una mención.
Antes de culminar con el encuentro, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones (Alianza Para el Progreso), tomó la palabra para acotar que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pidió un presupuesto de 8 millones de soles para cubrir nuevas plazas de jueces y fiscales titulares a nivel nacional.
“Tenemos jueces y fiscales que, de alguna manera, están en cargos de confianza. (...) Van a ser leales y fieles a quienes los designaron cuando la justicia no debe ser así. Necesitamos una justicia con arreglo a ley e imparcial”, sostuvo Camones Soriano.
JUECES VULNERABLES.Correo consultó a los abogados Enrique Ghersi, Aníbal Quiroga y Víctor García Toma sobre esta problemática.
Todos ellos integran el consejo consultivo convocado por la comisión especial que brindará apoyo en el “diagnóstico y formulación de propuestas legislativas y ejecutivas”.
Los especialistas coincidieron en cuestionar la figura de la provisionalidad al considerar que hace más “vulnerables” a los jueces, quienes finalmente son designados y cesados en determinados cargos a consideración de un superior sin más filtros que sus propios criterios.
“Es importante desterrar la provisionalidad porque pone en entredicho principios como la imparcialidad, independencia y autonomía de los jueces. En segundo lugar, como son designaciones, estas no siempre vienen con la garantía de la competencia e idoneidad”, indicó García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC.)
Y enfatizó: “Un chasquido de los dedos, digamos, un estado de mal humor, o el incumplimiento de una sibilina directiva, puede acarrear que un juez designado pueda ser cambiado por otro. Es muy peligroso”.
Añadió que está en manos de la JNJ tratar este problema, pues es esa entidad la que “debe proveer los concursos” públicos para jueces titulares. “Pero a su vez, obviamente, esto va amarrado con la asignación presupuestal que el Ministerio de Economía debería darle para que esas plazas puedan ser cubiertas”, indicó García Toma.
Para Quiroga, “los magistrados provisionales son propensos a votar conforme al sistema, preocupados de que les den ‘periodicazos’, les saquen nota de prensa o lo que fuera”.
Remarca por ello que “la provisionalidad es inconstitucional y le da al país una justicia muy endeble”.
Ghersi, entre tanto, indica que “por la alta carga procesal, es entendible que hubiera un mínimo de jueces provisionales, pero en este momento son la mayoría y eso le quita absoluta seguridad a la administración de justicia”.
“Imagínense: un juez o jueza, sentados en sus despachos, reciben un oficio —y así suele ocurrir— el día de mañana tienen que estar en otro lugar, de improviso, porque simple y llanamente hay necesidad de un juez en otro despacho. Entonces, no terminan ningún expediente”, cuestionó.
Este Diario pudo conocer que el consejo consultivo de la comisión especial se reunió el viernes 9 de mayo.
Cabe indicar que Ghersi, Quiroga y García Toma fueron entrevistados para este informe antes de dicha reunión.
Cifras y más. Lo indiscutible es que la Corte Suprema del PJ cuenta con un alto nivel de provisionalidad. La Ley Orgánica del Poder Judicial solo habilita a veinte jueces supremos titulares en dicha instancia. Por consiguiente, de un total de 59 o 60 que existen actualmente, los demás se encuentran en condición de provisionales.
Quiroga alerta, en ese sentido, que “hay más jueces provisionales en la Corte Suprema que jueces titulares” y que el “Perú es el único país del mundo y América Latina que tiene ese nivel de provisionalidad”.
Explica, en ese contexto, que “en las llamadas salas transitorias figuran los jueces superiores de todo el país que tengan mayor antigüedad, que no han hecho el concurso para juez supremo”.
“Dejan su plaza en la Corte Superior correspondiente y vienen a Lima. Según la Constitución, para ser juez supremo hay que hacer un concurso y los nombra la JNJ. Los provisionales no son nombrados, llegan por un oficio del presidente (de la Corte Superior al que pertenezcan). El titular de la Corte Suprema (Janet Tello), por la razón que considere, puede mandar un oficio y le ordena regresar a su puesto previo. Con el tiempo, esto le da un gran poder a la presidenta”, puntualiza Quiroga.
En esta línea, menciona como efecto colateral que, si se retiran a magistrados superiores para venir a Lima como supremos, ellos dejan sus plazas en su provincia” y los cubren jueces de primera instancia. “Hay casos en los que en toda la sala, los cinco jueces que la integran, son provisionales”, indica.
DISCREPANCIAS. Para García Toma, “esas plazas que están autorizadas provisionalmente deberían ser permanentes y, bajo esa premisa, la JNJ debería convocar a concurso”, pues la carga procesal actual obliga a abrir estas salas transitorias, las mismas que ya tienen más de una década”. Añade que “se deberían resolver aquellas causas, también, que generen precedentes vinculantes”.
Ghersi, sin embargo, aboga por reducir el número de magistrados. “En la Corte Suprema de Estados Unidos son nueve y en la Corte Suprema de Argentina, siete. Entonces, los magistrados del TC son siete. Creo que con 20 estamos bastante bien. El tema es cómo nos organizamos”, indica.
El constitucionalista remarca que “la provisionalidad simplemente no debe existir, pues no está contemplada en la ley y es una consecuencia de la escasez de recursos”. Asevera que la provisionalidad “no funciona y es el mayor problema que tiene” el Poder Judicial .
“Es la falta de seguridad en la administración de justicia. Un juez debe ser elegido de manera permanente, solo sujetos al control de la ratificación”, precisa.
Se opone a cambio de reglamento
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó al proyecto de ley para modificar el Reglamento del Congreso y reducir a 50 el número de votos necesarios en el pleno para suspender a altas autoridades, incluyendo a jueces supremos. “No se nos requirió opinión a los jueces; como es una norma reglamentaria quizá se pensó que no era necesaria, pero consideramos que debíamos haber participado”, señaló.
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