El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, debería ser sentenciada por el Poder Judicial debido a la cantidad de pruebas que existen en su contra.
“Hay evidencia concluyente de que la señora Villarán debería ser declarada culpable”, afirmó Vela, a Exitosa, al referirse al proceso que enfrenta la exautoridad edil.
El fiscal explicó que el juicio oral contra Villarán debería concluir con una condena, ya que los indicios de irregularidades en su gestión municipal son consistentes.
“Yo pienso que debería ser sentenciada porque la cantidad de evidencia que hay contra la señora Susan Villarán respecto no solamente a la captación de ese dinero, sino hasta de su colocación y la coincidente fecha con una serie de actos que están vinculados a la gestión de la Municipalidad de Lima con las concesiones, tanto en el caso de Línea Amarilla como Rutas de Lima, tienen que ver con los peajes”, señaló.
Vela agregó que los hechos imputados a Villarán constituyen “graves delitos” de lavado de activos y corrupción de funcionarios. No obstante, recordó que la defensa de la exalcaldesa insiste en que se trató de “aportes de campaña” vinculados al financiamiento de la campaña del “No” a la revocatoria en 2013 y a la reelección en 2014.
En ese sentido, cuestionó la evolución de los argumentos esgrimidos en este y otros procesos similares. “Al principio nadie aceptaba que recibía plata negra, hemos ido migrando en los argumentos”, manifestó.
Asimismo, advirtió que en el ámbito político existe un interés en “establecer algún tipo de impunidad” en casos que involucran a autoridades investigadas.
Cabe recordar que el 10 de julio pasado, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso 36 meses de impedimento de salida del país contra Villarán. La medida fue adoptada a pedido del Ministerio Público, de cara al inicio del juicio oral programado para el 23 de setiembre.
La exalcaldesa es procesada por los presuntos aportes económicos irregulares que las empresas Odebrecht y OAS habrían entregado para financiar sus campañas políticas.
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