Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso rechazó el informe de calificación que recomendaba admitir a trámite la denuncia constitucional contra seis miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por presunta vulneración de los derechos adquiridos de buena fe por Delia Espinoza, al haber sido elegida como fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos (JFS).
El referido grupo de trabajo parlamentario decidió no aprobar el informe que agrupaba dos denuncias contra los magistrados de la JNJ, presentadas por los congresistas Elías Varas (Juntos por el Perú–Voces del Pueblo) y Álex Flores (Bancada Socialista). La decisión se tomó con cuatro votos a favor, ocho en contra y cinco abstenciones.
El abogado Carlos Ortiz, durante la sustentación del informe, desestimó las denuncias por presunto avocamiento indebido de un proceso en trámite y por usurpación de funciones, recomendando declarar improcedentes dichos extremos.
“La JNJ estaba facultada para declarar la nulidad de oficio de la resolución [...] del 23 de mayo del 2024, lo cual materializa el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 43 de la Constitución. Asimismo, si una entidad advierte que se ha cometido un error y se ha afectado derechos fundamentales es válido corregir y enmendar”, señaló el letrado.
“La nulidad de oficio [...] no es un acto de avocamiento, es un acto que reivindica el principio de legalidad inherente a la administración pública. No interfiere, no contradice ni se avoca indebidamente con la acción de amparo, pues de existir o persistir una afectación de derechos cuya reparación se haya solicitado será el juez competente quien resolverá sobre dicha afectación. Es decir, ambos van en la orientación de sus competencias”, indicó.
En ese sentido, señaló que la JNJ podía emitir la resolución a favor de Patricia Benavides y “exigir su ejecutoriedad, lo cual no significa que se haya sustituido a la JFS en elegir a la fiscal de la nación, pues fue la JFS quien eligió como fiscal de la nación a Patricia Benavides [...], por un periodo de tres años; en consecuencia, no se advierte infracción al artículo 158 de la Constitución”.
Sin embargo, sostuvo que “la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro”.
“En el presente caso, la fiscal suprema Delia Espinoza ha sido elegida por la JFS y se presume de buena fe”, manifestó el abogado. En ese sentido, propuso admitir a trámite la denuncia por la presunta infracción del artículo 38 de la Constitución; sin embargo, esta fue finalmente desestimada por la SAC.
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