Sin sentido, inconstitucional, amedrenta la libertad de información y opinión así como a las propias investigaciones fiscales que persiguen el delito.

Estas fueron las primeras reacciones que de diversos gremios de prensa e instituciones generó el anuncio del proyecto ley del Ejecutivo que busca penalizar la difusión de información reservada respecto a investigaciones penales en medios de comunicación.

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Según dijo ayer el premier Aníbal Torres, una investigación en la Fiscalía es reservada en su etapa preliminar y solo deja de serlo cuando pasa a juicio oral.

Es decir, solo se podría acceder a la información de procesos penales -como la que está envuelta el presidente de la República, Pedro Castillo por el caso Puente Tarata, hoy en fase preliminar- tras superar las etapas de investigación preparatoria; presentación de la acusación y el control de la misma, que está a cargo de un juez (ver infografía).

Ello, a pesar de que estas etapas pueden ser de conocimiento públicos por las audiencias que son transmitidas en el canal del Poder Judicial, en donde incluso el representante del Ministerio Público puede dar cuenta de las pruebas del caso que investiga, tales como testimonios de colaboradores eficaces y otros documentos.

Sobre el tema, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo “afectaría todo tipo de investigaciones fiscales” y “a todas luces inconstitucional”.

Además, consideró que el proyecto “correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”.

En tanto, la Federación de Periodistas del Perú remarcó que con la iniciativa del Gobierno no se podrían conocer los presuntos hechos de corrupción que lo involucran a Palacio de Gobierno.

Como se sabe, el presidente Pedro Castillo es actualmente investigado preliminarmente por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de organización criminal.

Durante los once meses de su gestión, a través de la prensa, se han conocido testimonios de aspirantes a la colaboración eficaz -como el de Karelim López o Zamir Villaverde- que han revelado que el mandatario lideraría una presunta organización criminal dedicada al cobro de coimas a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

Además, mediante la prensa, se develaron en el pasado detalles sobre investigaciones a los presidentes Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo así como la excandidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre otros políticos, por presuntos actos de corrupción.

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MIRADA. En diálogo con Correo, el fiscal coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, dijo que la investigación en etapa preliminar es conocida no solo por el fiscal, sino también por los abogados de las partes, el investigado(s) y la Policía. “A nivel preliminar, las partes tienen acceso total y libre a la carpeta de investigación. Cualquiera de ellos pueden fácilmente brindar algún tipo de información a los medios de comunicación”, sostuvo.

“Pretender que se sancione a jueces y fiscales por la revelación de las investigaciones es un amedrentamiento para que no se continue investigando. Tampoco se puede sancionar a la prensa porque la libertad de información no puede ser criminalizada; porque eso atenta contra derechos constitucionales como la libertad de información”, consideró el fiscal.

En la fiscalía contra el crimen organizado, se investiga, por ejemplo, el caso del “Gabinete en la Sombra”, que tiene como principales investigados al subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, y el asesor del Despacho Presidencial, Biberto Castillo.

Desde la Fiscalía de Lavado de Activos -donde se investiga el caso del presunto del financiamiento del partido de gobierno Perú Libre y la colaboración eficaz de Karelim López- fuentes explicaron que si el Ejecutivo pretende sancionar a los jueces y fiscales por la información reservada difundida en los medios de comunicación sería a partir de conjeturas.

“No habría pruebas de quién filtró la información de carácter reservado debido a que no solo el fiscal tiene la carpeta fiscal sino los abogados, investigado, la policía”, comentaron.

Explicaron que la reserva de la investigación es una garantía para asegurar el éxito de las pesquisas y la averiguación de la verdad.

Por ejemplo, medidas como allanamientos, incautaciones o detenciones preliminares son reservadas para el éxito de la ejecución de la medida, tras recibir la debida autorización judicial.

“En esos casos, el investigado desconoce que se va a allanar o se le va a detener de manera preliminar. Puede apelar ejecutada la medida, porque tiene derecho a hacerlo, antes no porque, de lo contrario, se frustraría la medida”, añadieron las fuentes a este diario.

Por su parte, el abogado penalista César Nakazaki sostuvo que criminalizar la difusión de información reservada, en estos momentos, no es oportuno por las sendas investigaciones que involucran al Gobierno con presuntos actos de corrupción. “Las filtraciones, además, no se solucionan con penas de prisión, sino con la eficacia de las instituciones en su lucha contra la corrupción”, reflexionó.

Según un borrador filtrado del proyecto ley del Ejecutivo, el agraviado, imputado, abogado, policía, fiscal o juez que difunda la información reservada de investigaciones a medios de comunicación será sancionado con una pena de 2 a 4 años de prisión.

Dicha iniciativa, que deberá pasar por el Congreso, tiene como fin “salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y partes procesales”, según se lee en el borrador de proyecto de ley.



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