El equipo de la presidenta Dina Boluarte cocina una propuesta que pretende obligar a los medios de comunicación a difundir las acciones del Gobierno contra el crimen organizado en contextos de estado de emergencia. Sin embargo, la iniciativa podría caer en saco roto mucho antes de ser presentada.
Y es que no solo es rechazada por instituciones y políticos, sino que congresistas de derecha e izquierda coinciden en cuestionar la propuesta, porque sería un intento del Gobierno de Boluarte para controlar a la prensa y mejorar su imagen.
Cabe precisar que la mandataria y sus ministros cuestionaron en más de una oportunidad el trabajo de los medios, además, solicitaron apoyo para la difusión de las acciones positivas de su gestión (ver infografía).
CRÍTICAS
Para la exministra de Justicia, Ana Neyra, la propuesta es una clara afectación a la libertad de prensa y a la pluralidad informativa que pretende obligar a la difusión de actividades del Poder Ejecutivo en “franja electoral”.
“¿Buscan una alternativa de comunicación frente a la prohibición de contratar publicidad estatal por la convocatoria a elecciones (con la sola excepción de impostergable necesidad y utilidad pública que permite la ley)?”, cuestionó.
Como se recuerda, la presidenta Boluarte convocó hace una semana a elecciones para el 12 de abril de 2026, desde entonces, queda prohibida la publicidad estatal.
Mientras que la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, consideró que el Gobierno de Boluarte pretende disfrazar de “franja informativa” lo que en realidad es una propaganda oficial obligatoria.
“Una burda cortina de humo para tapar su incapacidad frente al grave problema de inseguridad ciudadana que vive el país. No permitiremos que se atropelle la libertad de prensa”, afirmó.
La congresista María del Carmen Alva dijo que si bien analizará la propuesta, no la apoyará si esta incluye elementos similares a los de gobiernos autoritarios que usan la propaganda como herramienta de control.
Mientras que Edward Málaga Trillo también fue enfático en rechazar la propuesta.
“Franja informativa, ni hablar. Va contra la libertad de prensa y es propaganda gubernamental. Dejen a los medios privados en paz y enfóquense en reducir la inseguridad”, apuntó.
Además, dijo que esta es una razón más para interpelar y censurar al premier Gustavo Adrianzén.
También se pronunció la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), que consideró que la propuesta representa una irrupción en los contenidos de los medios de comunicación, algo inaceptable en democracia.
“Lo que se pretende más que una franja informativa es establecer un bloque propagandístico de las acciones del Ejecutivo”, indicó.
En un comunicado, la ANP advirtió que esto contraviene los estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de información y prohíben la injerencia gubernamental en los medios de comunicación.
“Observamos un intento de controlar el contenido de los medios de comunicación”, agregó.
A esto se le suma lo dicho por el director ejecutivo del Consejo de Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, quien expresó su preocupación.
“Si los medios están obligados a emitir estos mensajes sin edición ni repreguntas, se limita el derecho de la prensa a cuestionar y verificar la información”, advirtió.
COINCIDENCIAS
La iniciativa de Boluarte generó un “consenso” entre diferentes bancadas.
El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) calificó de “absurda” la propuesta.
“Tratar de imponer a través de una franja la difusión de sus políticas es en realidad tener propaganda gratis en los medios de comunicación. Es lo que nos está diciendo el Gobierno y me parece equivocado”, dijo.
En diálogo con RPP, el legislador naranja recordó que el Gobierno de Boluarte puede difundir sus logros a través del premie Gustavo Adrianzén o uno de sus voceros.
“Pueden dar conferencias de prensa, participar en entrevistas también es una buena alternativa. Lo que hay que cambiar es la realidad y no tratar de imponer esta absurda franja gratuita de propaganda a los medios”, señaló.
Desde su punto de vista, la iniciativa del Ejecutivo no prosperará en el Congreso.
Para Patricia Chirinos (Renovación Popular), el Ejecutivo quiere imponer una franja informativa obligatoria para difundir su versión sobre la lucha contra la delincuencia.
“Esto no es información, es control. Así operan las dictaduras: manipulando la narrativa y silenciando voces”, mencionó.
En la misma línea de Rospigliosi, sostuvo que pueden dar conferencias de prensa y responder a las preguntas de los periodistas.
La izquierda también cuestionó la propuesta.
Por ejemplo, Guido Bellido (Podemos) dijo que no es un proyecto positivo.
“Los medios de comunicación no tienen la obligación, no tienen por qué hacer publicidad a ningún gobierno, creo que sea buena o mala, el periodismo está para expresar la realidad y llevar la información sin modificar, distorsionar”, apuntó.
Por su parte, Susel Paredes consideró que la medida representa un grave atentado contra la libertad de prensa.
“A mí me preocupa mucho porque así son las dictaduras. ¿Quién obliga a las empresas de comunicación a publicitar los hechos del Estado? En Venezuela, Cuba y Nicaragua, los gobiernos se encadenan a las emisoras privadas y eso no lo podemos permitir en el Perú”, declaró.
CALMA
En un intento por apaciguar las críticas por la propuesta del Ejecutivo, el premier Adrianzén se pronunció sobre el tema en una actividad oficial.
“No tenemos la más mínima intención de dictar la pauta de la prensa, claro que no. De hecho, la participación de ustedes aquí es una muestra exacta de que tenemos una prensa libre. No tengo que decirles cuando me dedican a mí portadas o artículos tampoco, jamás hemos iniciado un proceso de rectificación y aclaración”, expresó.
El jefe del Gabinete aseguró que con la iniciativa se busca invitar a la prensa a “colaborar” en la visibilización de las acciones que el Gobierno realiza en materia de seguridad ciudadana.
“Se tiene prevista esta idea para los estados de emergencia donde no solamente hay que comunicar las acciones de Gobierno, sino también las medidas que se sugieren que la población adopte en este espacio”, mencionó.
También trató de calmar la situación Juan Enrique Alcántara, viceministro de Justicia, quien descartó que la franja informativa pretenda propagandear las acciones o logros del Gobierno.
“Lo que se pretende es difundir las cifras oficiales que tenemos en las diferentes actividades que se vienen realizando. No hay ninguna intención de coactar libertad de prensa o imponer contenido a las empresas de radiodifusión”, dijo.
El horario en que se difundiría la franja sería de 6 p.m. hasta las 11 p.m., por un espacio de 40 minutos.
Al cierre de esta edición, no se registraron voces de integrantes de Perú Libre o de Alianza para el Progreso (APP) en el que se cuestione la propuesta.
