La existencia de una presunta red de prostitución en el Congreso ha sacado a relucir todo tipo de argucias que se plantean desde diferentes sectores con el objetivo de estancar la investigación.
De acuerdo con información revisada por Correo, desde que estalló el caso, se han registrado por lo menos 10 actos de obstrucción (ver infografía) que pretenden entorpecer la pesquisa y blindar a los personajes implicados.
LOS PRIMEROS
El 9 de diciembre del 2024 la noticia se centró en Andrea Vidal Gómez, una extrabajadora del Congreso que recibió balazos en la cabeza, espalda y brazos de parte de sicarios.
Ella era pieza clave en la investigación. Sin embargo, falleció una semana después.
A la sospechoso asesinato de Vidal se sumó la falta de información desde el Parlamento con la entrega de videos, porque los equipos de videovigilancia no tenían la capacidad debida y solo se contaba con datos de los últimos 25 días, lo que impide tener detalles del ingreso de determinadas personas a despachos congresales u otras salas del Legislativo.
Además, el congresista Héctor Valer de Somos Perú (SP) intentó presentar una censura contra Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización que tiene a cargo el caso. El legislador retrocedió tras las críticas y perder el respaldo del partido SP.
Otro hecho es la renuncia de las tres integrantes de la Comisión Ad Hoc que se conformó para investigar a la red.
Sus exmiembros alegaron que no pueden avanzar con el proceso disciplinario porque, entre varios motivos, el hecho “solo se centra en un reportaje periodístico”.
CÓMPLICES
Llama la atención que ninguno de los funcionarios y exfuncionarios invitados a la Comisión de Fiscalización logra precisar cómo y quién contrató a Jorge Torres Saravia en el Congreso, él es el personaje ligado a Alianza para el Progreso (APP) es acusado de liderar la presunta red.
Por ejemplo, el jefe de la Dirección General de Administración, Carlos Pais, negó haber contratado o recomendado a Torres Saravia.
Al ser consultado sobre la existencia de la presunta red, afirmó que “no ha escuchado nada” sobre la red.
Lo mismo respondió José Rubio, un extrabajador del Congreso.
Es relevante mencionar que en la última sesión del grupo de trabajo, se reveló que Hugo Neciosup, un alto funcionario del Parlamento, habría amenazado a asesores para que no se pronuncien sobre el caso.
Un dato no menor es que hay una serie de voces que defienden al Congreso de las imputaciones.
César Acuña, líder de APP, consideró que la acusación “mancha gravemente la imagen de la institución”.
El congresista Fernando Rospigliosi consideró que no hay una evidencia para afirmar que existe una red de prostitución, mientras que Tulio Vizcarra, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, dijo que es “imposible” que exista tal red como señalan los medios.
DOS MÁS
Isabel Cajo, una de las personas que estaría implicada en la red, denunció convenientemente el robo de celular en el distrito de Magdalena el 27 de diciembre, cuando el caso ya era conocido. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la comuna descartan que haya sufrido la pérdida de su equipo.
Finalmente, está la figura de Valer, quien le envió un oficio a Burgos para cuestionar que el grupo investigue el caso cuando no tiene facultades de una comisión investigadora; esto a pesar que el primero es vicepresidente de Fiscalización.
