El Congreso de la República recibió una nueva denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, presentada por congresistas de Renovación Popular y otras bancadas, quienes la acusan de infracción a la Constitución y de la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.
El documento impulsado por los parlamentarios Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Diego Bazán, entre otros, piden la inhabilitación de Espinoza por 10 años.
El texto de 21 páginas, presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, indican que esta denuncia está sustentada por el presunto ofrecimiento que habría realizado Espinoza a Pablo Sánchez para archivar su investigación a cambio de que vote por ella para que sea elegida como Fiscal de la Nación.
“Espinoza Valenzuela, estando ya en ejercicio del cargo de fiscal de la Nación y con la finalidad de dar cumplimiento al ofrecimiento efectuado al fiscal Supremo Sánchez Velarde, quien venía siendo investigado por obstrucción a la justicia, con fecha 27 de enero de 2025, lejos de solicitar inhibición por decoro por conocer el fondo de esta causa, a fin de no afectar el principio-deber de objetividad de la investigación, se avocó indebidamente y resolvió el fondo de dicha causa con una motivación aparente e incongruente, desestimando la denuncia constitucional que se le venía siguiendo a Sánchez Velarde y dispuso el archivo definitivo de la misma”, se lee en la denuncia.
Fiscal de la Nación descarta persecución a Dina Boluarte pese a 34 denuncias
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó en declaraciones a Cuarto Poder las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte sobre un presunto “golpe de Estado blando” y persecución irracional. Espinoza subrayó que, de las 34 denuncias presentadas contra Boluarte por ciudadanos peruanos, únicamente se le llamará a declarar en aquellos casos en que su testimonio sea estrictamente necesario.
“La señora afirma sentirse agobiada y perseguida, pero eso es falso. Contamos con 34 denuncias, y se le cita solo en los casos que requieren su declaración”, puntualizó la fiscal. Explicó que, si bien toda persona denunciada tiende a ponerse nerviosa y a revelar información irrelevante, su función no es política, sino cumplir con una labor constitucional que obliga a investigar presuntos delitos, incluso cuando se trata de altos funcionarios.
Por otro lado, Espinoza se refirió a la reciente decisión unánime de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que declaró improcedente la denuncia constitucional presentada contra once parlamentarios. Dicho caso, que giraba en torno a la promoción de una iniciativa para el cobro sin restricción de pensiones a policías y militares retirados, se sustenta en indicios de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible, según la Fiscalía.
“No persigo nombres ni partidos; persigo el delito”, afirmó la titular del Ministerio Público.
Ante la posibilidad de que prospere una denuncia constitucional en su contra, la fiscal aseguró que, a diferencia de otros casos, ella no teme ser inhabilitada, pues actúa con la conciencia tranquila. Además, dejó entrever que, de ser necesario, la denuncia en su contra podría anularse, tal como sucedió con la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En definitiva, la fiscal Espinoza defendió que la actuación de su oficina se centra en el rigor legal y la búsqueda de la verdad, sin tintes partidarios, rechazando categóricamente cualquier acusación de persecución política.
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