Responsabilidad penal sí alcanza a Rocío Barrios

La acusación fiscal contra la ministra de Producción, Rocío Barrios, por la presunta comisión de peculado doloso, por apropiación en agravio del Estado, ha dejado flotando la pregunta sobre si la funcionaria se benefició con dinero público a través de la simulación de contratos en favor de dos empresas.

Según la Fiscalía, ello ocurrió cuando Barrios se desempeñó como directora de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo que ocupó de noviembre del 2014 hasta marzo del 2015.

Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión explicó que el delito de peculado doloso -tipificado en el artículo 387 del Código Penal- no solo comprende el beneficio personal de los recursos públicos, sino también el favorecimiento para terceros.

“En este caso, se le atribuye a la ministra Barrios que no resguardó los bienes del Estado, en razón de su cargo y sus competencias. Según la acusación, ella habría contravenido sus deberes como funcionaria pública y favoreció a terceros”, detalló Carrión.

Estos terceros, según la acusación, son las empresas Casa Importadora Andrea SAC y el Grupo Torres & Torres Luna SAC , a quienes Barrios -junto a otros cuatro funcionarios de la PCM- benefició con el desembolso de S/ 177.279.

La ministra autorizó la salida de este dinero por servicios de mantenimiento para 40 vehículos de la PCM.

Deberes

Sobre el caso, la expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya, calificó la situación de Barrios como “grave”, pues según la Fiscalía no hay evidencia de la realización del servicio.

Explicó que, de acuerdo al artículo 25 del reglamento de Organización y Funciones, Barrios incumplió sus deberes al tener en cuenta que la dirección de administración es la máxima autoridad administrativa en contrataciones. “Es decir, ella es responsable directa del correcto uso de los fondos públicos”, manifestó.