A días del inicio de los Juegos Bolivarianos 2025, un nuevo escándalo sacude la gestión del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. La Contraloría ha identificado una transferencia irregular de S/92 millones destinada a la reconstrucción del estadio Cuna de la Libertad Americana y advierte posibles responsabilidades penales para 15 funcionarios involucrados.
Según un reportaje de Punto Final, en el año 2023, Oscorima aseguró que el estadio estaría listo para diciembre de 2025. Un año después, la entonces presidenta Dina Boluarte reforzó el mensaje al prometer que Ayacucho contaría con el coloso para los Juegos Bolivarianos. Pero al llegar 2025, el panorama contradice por completo esos anuncios: la obra no muestra arcos ni estructuras definidas, su avance real apenas llega al 18% y el presupuesto ha escalado hasta los S/422 millones.
Según la Contraloría, el Gobierno Regional aprobó entregar un adelanto millonario al Consorcio Deportivo Libertad sin solicitar las cartas fianza que el propio concurso establecía como requisito obligatorio. En vez de ello, el consorcio —encabezado por Consultoría y Construcción Grupo Pérgola— propuso reemplazar esa garantía por un fideicomiso, una modificación que la entidad aceptó pese a ir en contra de lo estipulado inicialmente.
Sin embargo, el esquema no se respetó. Los fondos que debían depositarse en el fideicomiso fueron transferidos directamente a la cuenta de Pérgola, miembro del consorcio. La empresa sostiene que se trató de un “error” del Gobierno Regional y que devolvió el dinero días después, aunque la Contraloría determinó que parte de los fondos solo se transfirió 28 días más tarde, otorgándole a la compañía una liquidez millonaria sin intereses ni garantías.
El consorcio recurrió además a una ley dirigida a las Mypes para ampliar el plazo de entrega de la garantía de fiel cumplimiento, aunque ninguna de sus empresas cumplía con los requisitos. En el caso de Pérgola, la Sunat reporta entre 900 y 1,000 trabajadores mensuales, un número incompatible con las condiciones establecidas para este régimen.
La Contraloría también incluyó en su lista de responsables a 15 funcionarios, entre ellos Eduardo Huacoto Díaz, gerente general del Gobierno Regional. Cercano a Oscorima, militante de su mismo partido y perfilado como eventual sucesor, Huacoto es uno de los principales señalados en el informe.
Pese a la gravedad de los hallazgos, ni Oscorima ni algún representante del Gobierno Regional accedieron a declarar al respecto.
TE PUEDE INTERESAR:
- José Jerí afirma que durante diez años no se utilizó la base de datos con llamadas desde penales
- Abogado de Vizcarra rechazó “arbitrarios” señalamientos por supuestos sobornos en casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
- Homenaje a San Martín de Porres y ceremonia de izamiento marcan agenda de José Jerí
- Romy Chang, abogada penalista: “El MP ha sido más sólido con Vizcarra que con Castillo”
- Comisión de Ética evaluará este lunes 17 el caso de la congresista Ariana Orué
