El estudio jurídico del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría patrocinado a varios funcionarios públicos que ocupan altos cargos en el actual gobierno de Dina Boluarte.
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Una familia en el 2014 vivió una pesadilla luego de que alquilar su casa a quien hoy es el secretario general del Ministerio de Interior. La propiedad iba a ser usada como base de campaña en su intento de llegar a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por el partido de Acción Popular.
Un informe de “Punto Final” reveló que en el Ministerio del Interior trabajan funcionarios que han sido clientes del estudio jurídico de Juan Santiváñez.
Anatoly Bedriñana Córdova, actual secretario general del Ministerio del Interior fue condenado a tres años de prisión en 2019, por el delito de usurpación agravada, tras intentar apropiarse de una propiedad ubicada en San Juan de Miraflores.
Una familia vivió una odisea tras alquilar su casa al secretario general del Mininter, que fue usada como local de campaña en su intento de llegar a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por el partido de Acción Popular.
Pese al fallo, los agraviados Fanny Álvarez Arestegui y Lucio Anco no han recibido la reparación civil de 6 mil soles ordenada por la justicia contra el funcionario del Mininter.
El dominical también dio cuenta que Juan Santivañez patrocinó al viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, César Guardia Vásquez, un general en retiro de la Policía Nacional, quien logró su reincorporación en 2021 gracias a un proceso de amparo elaborado por el estudio del ahora ministro.
Rómulo Reyes Rosales, director de la Oficina de Participación de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, también ha sido cliente del estudio Santiváñez.
En 2016, Dalia Salazar Suárez, secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue investigada por presunta negociación incompatible en torno a la construcción de un nosocomio. El ministro Santiváñez dice que no la conoce, pero documentos que presentó el dominical muestran que su estudio jurídico participó en su defensa.
Luis Fernando Reátegui Salazar, jefe de la Oficina de Seguridad del Congreso, y Flor del Carmen Sobero Niño, prima del congresista Américo Gonza y comandante en retiro de la PNP, también acudieron al estudio de Santiváñez para revertir sus pases al retiro, pero no lo lograron.
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Todo empezó el 23 de agosto de ese año, cuando el equipo de Anatoly Bedriñana no quería retirarse del lugar. “El problema que se generó, es que ellos toman posesión, entraron y se quedaron”, dijo Lucio Anco, el propietario de la vivienda.
Tras unos años, la pareja de esposos ganó el juicio por el delito de usurpación agravada y que Bedriñana junto con otros implicados sean condenados a 3 años de pena privativa de la libertad, sentencia que fue refrendada por la Corte Suprema en junio del 2022.
La sentencia también dispuso el pago de una reparación civil por 6 mil soles, pero hasta el momento, la pareja de esposos no ha visto ni un solo sol por parte del hombre de confianza de Juan José Santiváñez.
LA DEFENSA DE ANATOLY BEDRIÑANA
Un documento muestra que, en el 2021, un estudio de abogados se apersonó para intentar revocar la orden judicial mediante un recurso de nulidad, este era el de Juan José Santiváñez, el actual ministro del Interior.
El recurso de nulidad fue declarado improcedente. Y al año siguiente insistieron ante la Corte Suprema pero no obtuvieron un resultado favorable.
Ante la pregunta sobre el caso de usurpación agravada al ministro, contestó que “el doctor Anatoly Bedriñana es un profesional que está vinculado al sector público hace más de 25 años”.
