:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/07e8403f-9850-40b6-9b2d-c66be655c2ed.jpg "Foto de Sofía López")
El 26 de mayo de este año, Correo publicó información sobre la asistencia de la ahora exviceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carla Sosa, a la fiesta de Gilat Perú, una empresa implicada en un presunto caso de corrupción por la adjudicación de dos proyectos por 150 millones de dólares durante el Gobierno de Martín Vizcarra.
Tan solo tres semanas después de la publicación de la información, la nueva fiscal asignada al caso, solicitó el sobreseimiento (archivo) del mismo.
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DETALLES
En marzo de 2023, la Fiscalía inició una investigación contra Rosa Nakagawa (viceministra de Comunicaciones), Nadia Villegas (directora general de Concesiones en comunicaciones), Alberto Ñecco (director ejecutivo de Proinversión), Aldo Laderas (director de proyecto), José Aguilar (secretario técnico del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones) como autores y contra Arieh Gad Rohrstock (gerente general de Gilat) como cómplice de la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusión agravada.
Según la tesis fiscal, funcionarios del MTC y de Proinversión se habrían concertado con representantes de la empresa Gilat “con un plan común orientado a desadjudicar el proyecto asignado al consorcio GMC Conecta”.
En setiembre de ese año, se dispuso declarar compleja la investigación preliminar y se amplió el plazo por 240 días, mientras que en diciembre se dispone continuar con la investigación preparatoria.
Todo ese proceso estuvo en manos del fiscal provincial Edwin Manrique Durand y la fiscal adjunto Haydee Zulema Arias Condori.
En noviembre del 2024, tras el cese de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación, se hicieron una serie de cambios. Así, la fiscal adjunta Mariana Vásquez Lozano asume el caso por seis meses, mientras que entre enero y febrero de este año se suma la fiscal adjunto Yanet Euscategui Roque por 28 días.
En marzo de este año, el caso pasa a manos del fiscal provincial Juan Carlos de la Cruz Tito.
De acuerdo con la información a la que accedió Correo, el caso tenía más de 10 tomos, cada uno con 300 a 400 páginas.
Además, la acusación estaba pronta a presentarse. Sin embargo, todo indica que el caso tomó un rumbo distinto.
La investigación pasó a manos de la fiscal adjunto Kelly Wendy Cabezas Vilca, quien el 16 de junio, solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento de la carpeta fiscal, es decir, el archivo del caso.
Por ahora, el Poder Judicial debe fijar una audiencia en la que un juez definirá si acepta o no el pedido de archivo del caso.
Correo consultó directamente con la fiscal Cabezas para obtener su versión sobre el motivo de su requerimiento. Sin embargo, nos indicó que “la investigación penal es reservada”, por lo tanto, no podría ofrecer mayores detalles dado que implicaría una responsabilidad de su parte.
Este medio también solicitó una versión oficial desde la Fiscalía. Al respecto nos indicaron: “El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Contra la Corrupción de Funcionarios de Lima Centro ha presentado el requerimiento de sobreseimiento de la causa ante el Poder Judicial, decisión que será resuelta por el juzgado correspondiente”.
Por otro lado, fuentes de la Procuraduría indicaron que todavía, el Poder Judicial nos les informó de la solicitud de sobreseimiento que planteó la Fiscalía.
ANÁLISIS
Al respecto, el penalista Andy Carrión explicó que una solicitud de sobreseimiento se presenta cuando no existen indicios o pruebas para que el caso pase a la siguiente parte.
En diálogo con Correo, el abogado precisó que cuando un fiscal pasó por la etapa de investigación preliminar y luego investigación preparatoria, tiene mayores indicios para determinar si el caso debe pasar o no a la siguiente etapa.
“El fiscal tiene una noción más acabada”, dijo.
Sin embargo, al ser consultado por el caso de los exfuncionarios del MTC y Gilat, indicó que la petición de archivo “se podría tomar con cierta extrañeza”.
Finalmente, precisó que todo dependerá del juez asignado al caso, pues durante la audiencia, la Procuraduría puede mostrar su oposición a que el caso sea archivado.
