En la última década de nuestra historia judicial ha ganado gran musculatura una medida cautelar coercitiva llamada prisión preventiva, herramienta legal poderosa en manos de fiscales y jueces para optimizar la investigación penal y evitar la fuga del imputado.
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La prisión preventiva creció con desmesura, según algunos especialistas, en paralelo con el auge indeseable de la corrupción en la alta política nacional, con una intensidad como no se había visto antes, y con unos personajes de muy alta gama.
Esta normativa ya figuraba en el Código de Procedimientos Penales de 1940 como “detención provisional”.
Y, tras múltiples modificaciones, se consolida en su forma actual con la Ley Nº 30076 de agosto de 2013, ley que cambia algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal del 2004.
JUEZ “CANERO”.
El abogado tarmeño de 54 años es llamado por algunos el terror de los corruptos y juez “canero”.
De orígenes modestos, migró a Lima y pudo graduarse de abogado en la Universidad San Martín; más tarde un postgrado en la PUCP; y ejerció por un tiempo como abogado litigante en Huancayo.
En marzo de 2008 lo encontramos como juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, en Chimbote, con 36 años.
El joven magistrado se percató que existía la prisión preventiva en la legislación reciente y resolvió aplicarla en su máxima potencia.
El 28 de mayo de 2014 dictó 18 meses de prisión preventiva contra el presidente regional de Áncash, César Álvarez, por el caso La Centralita.
Después de diez años, el Poder Judicial condenó en marzo de 2024 a César Álvarez a 19 años y 6 meses de prisión.
Así comenzó la carrera del llamado “juez canero”, que ya dura una década.
Su más reciente cachiporrazo judicial fue contra el hermano de la presidenta de la República.
Dictó contra Nicanor Boluarte Zegarra 36 meses de prisión preventiva y 24 meses contra Mateo Castañeda, el exabogado defensor de la presidenta Dina Boluarte.
El listado puede ser impresionante: Los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala Tasso; la ex primera dama Nadine Heredia; la ascendente lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, toda la cúpula dirigencial del fujimorismo.
También los poderosos empresarios Fernando Camet Piccone, José Graña Miro Quesada, Hernando Graña Acuña y otros.
Más tarde Juan Sotomayor (exalcalde del Callao) y excongresista de Fuerza Popular, Víctor Albrecht (Ver infografía).
En diez años, una veintena de prisiones preventivas, la mayoría de las cuales culminaron en condenas o están ad portas de una sentencia.
USO Y ABUSO.
En al menos sietecasos, el Tribunal Constitucional y el propio Poder Judicial revisaron o enmendaron las resoluciones de prisión preventiva del juez Concepción Carhuancho.
El 26 de abril de 2018, luego de 9 meses de prisión, Humala y Nadine Heredia recuperacon su libertad por resolución del Tribunal Constitucional. A la fecha, la pareja afronta el juicio oral que ingresó a su etapa final.
El 25 de noviembre de 2019, otra vez el Tribunal Constitucional revocó una resolución de Concepción Carhuancho y ordenó la libertad de Keiko Fujimori, cinco meses antes de cumplirse los 18 meses de prisión preventiva.
El 26 de diciembre de 2024, el Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva contra Mateo Castañeda. Y el 19 de noviembre de 2024 hizo lo propio a favor del expresidente de la FPF Agustín Lozano. Sin olvidar el caso del exminsitro Geiner Alvarado.
OPINAN PENALISTAS.
”El doctor Concepción Carhuancho se ha convertido en un juez emblemático de los grandes casos de corrupción”, declara a Correo el abogado penalista Luis Lamas Puccio.
“Es una labor bien difícil porque no es la corrupción común. Es la corrupción política, la corrupción en los partidos políticos y es la corrupción en la gobernabilidad”.
Estima el doctor Lamas que el juez tiene una labor “difícil, muy compleja”, y que “ha sabido mantenerse dentro de una trayectoria”.
“Más allá de las objeciones o discrepancias que puedan haber en cuanto a algunas de sus decisiones ha mantenido una línea más o menos clara, incluso en el caso del hermano de la presidenta”, anota.
Sin duda, Concepción ha tenido de afrontar amenazas contra su vida y la de su familia, señala Lamas.
Amenazas, pero supuesto. “La amenaza más importante viene de la corrupción política y la corrupción empresarial. Han acaparado todo el sistema político y de Gobierno. Entonces, ser juez ahí no debe ser fácil, ¿he?”.
El doctor Andy Carrión, otro experto en derecho penal, aprecia que el juez Concepción “es un juez que se ha prestigiado a raíz de casos muy paradigmáticos”.
“Sin lugar a dudas -remarca- es un juez que igual le daba enviar a prisión a un pobre de la esquina como a un gran empresario o a un expresidente. Creo que, en igualdad de medición de los años, es muy loable”.
Dicho esto, el doctor Carrión tiene sus objeciones.
“En los últimos años, esa actuación se ha vuelto más bien casi arbitraria. Ahora, podría uno esperar que esas críticas vinieran de las víctimas de sus decisiones pero es el propio Poder Judicial el que está revirtiendo casi todas sus resoluciones”, comentó para este diario.
Recordó que hace poco la Corte Suprema critica en una resolución “a los jueces activistas, aquellos que se alejan de la aplicación de la ley”, señala Carrión, quien añade que sus decisiones son parcializadas para favorecer a la Fiscalía.
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