La denuncia consitucional en contra del exmandatario se produce por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado (autor), peculado doloso por apropiación para tercero (instigador) y delito de negociación incompatible. (Foto: GEC)
La denuncia consitucional en contra del exmandatario se produce por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado (autor), peculado doloso por apropiación para tercero (instigador) y delito de negociación incompatible. (Foto: GEC)

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó una denuncia constitucional en contra del y las exministras de Cultura Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén por la irregular contratación del cantautor Richard Cisneros, conocido como ‘’, entre 2018 y 2020.

La denuncia en contra del exmandatario se produce por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado (autor), peculado doloso por apropiación para tercero (instigador) y delito de negociación incompatible, debido a que habría intervenido en la contratación de Cisneros Carballido, mediante nueve órdenes de servicio sin que este cumpla con el perfil exigido para prestar el servicio.

El otrora jefe del Estado también fue denunciado por el delito de obstrucción a la justicia, debido a las conversaciones sostenidas en Palacio de Gobierno junto a otros funcionarios de dicha dependencia sobre la forma en la que debían dar su testimonio en la investigación fiscal que se realizaba sobre los hechos relacionados con la contratación de Cisneros Carballido, así como ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

En el caso de las exministras de Cultura, la denuncia se produce por el presunto delito de peculado doloso por apropiación para tercero (agravado) y negociación incompatible, tras hallarse indicios de su directa intervención en la adecuación de servicios en el ministerio de Cultura para ser adjudicado a Cisneros.

Asimismo, las exfuncionarias son procesadas por el oportuno atención de presuntas llamadas de la exsecretaria de la Presidencia, Miriam Morales, respecto de la contratación y pago a Cisneros, por orden del entonces presidente Martín Vizcarra.