Ad portas de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya tiene una estrategia clara para evitar repetir el escenario de polarización y reclamos de los comicios del 2021.
En entrevista con Correo, el máximo representante del organismo electoral, Roberto Burneo, garantiza la presencia de un fiscalizador del JNE en cada mesa de sufragio.
Además, advierte de la necesidad del presupuesto que necesita su institución para cuidar la cadena de custodia de las cédulas de votación, para el uso de herramientas digitales, la campaña informativa y mucho más.
¿Cuál es su percepción de lo que pasó en las elecciones del 2021??
Hemos encontrado una institución que tenía muchas oportunidades para enfrentar los nuevos desafíos de los procesos electores del 2026. Lo que encontramos de cara a lo que pasó en el 2021 es una institución que tenía que adaptarse en muchos aspectos de gestión, hemos aprobado un nuevo ROP, en el aspecto del desarrollo tecnológico de brecha. Creo que todos los procesos son procesos de mejora y recogemos las lecciones aprendidas que se han dado en los procesos anteriores, no solamente del 2021, sino de cara a enfrentar lo que llamamos nosotros un gran desafío de procesos electorales sin precedentes.
Uno de los cuestionamientos sobre el expresidente del JNE (Jorge Salas Arenas) es que reconoció que en su juventud militó en un movimiento de izquierda, entonces, ¿usted nos puede garantizar neutralidad?
Lo que hemos hecho a partir de esta gestión es abrir las puertas a todas las organizaciones políticas, a todos los actores, tanto autoridades como organizaciones políticas. Hemos abierto información para los medios de comunicación sin precedentes. Nosotros no vemos a ninguna organización política que esté inscrita como una suerte de preferencia en función de su opción o su visión país.
En 2021, el JNE decidió dar un plazo adicional para presentar recursos de nulidad, pero horas después retrocedió, ¿cómo va a manejar su gestión ese aspecto?
Nosotros vamos a ser muy escrupulosos en la atención de los plazos y del ordenamiento jurídico. De por sí venimos ya atendiendo algunas dificultades que ha habido en cuanto a tachas (...). pero nuestro trabajo está en que la respuesta de estas inquietudes o esas cuestionamientos se haga en forma oportuna, inmediata, pero sobre todo en forma independiente, imparcial, que es lo que tenemos que garantizar.
¿Usted garantiza que no va a pasar lo que sucedió en 2021?
Lo que puedo garantizar es que vamos a actuar con transparencia, con total neutralidad y con imparcialidad e independencia y, sobre todo, profesionalismo, esto es lo que puedo decir de cara al trabajo que este JNE para estos procesos del 2026 vamos a hacer. Lo que quiero garantizar y darles la confianza a los ciudadanos de que nuestro accionar va a ser de cara a favorecer el pleno reconocimiento de la voluntad popular en las urnas.
¿Habrá representantes del JNE en las zonas lejanas de la sierra y selva en donde no lleguen personeros de todos los partidos?
Nosotros lo que podemos garantizar y vamos a garantizar es tener un fiscalizador por cada mesa de sufragio. Este es nuestro gran objetivo. Estamos pidiendo los recursos para lograr ello y estamos hablando de más de 80 MIL fiscalizadores a nivel nacional. Vamos a llegar a cada rincón del país con una persona que representa al JNE que fiscalice todo el trabajo que realizan los entes electorales, los miembros de mesa, lo que pasa en las urnas.
¿Tienen el presupuesto para tener 80 mil fiscalizadores?
Estamos gestionando el presupuesto. Ya hemos tenido reuniones con el presidente y con la ministra de Economía, de las declaraciones adicionales que hemos escuchado del presidente, él tiene toda la predisposición de entregarnos los recursos necesarios, entendemos que la ministra de Economía también está en esa línea.
¿Y hasta cuándo necesitan que les aprueben ese presupuesto?
Estamos más que negociando, sentándonos en un trabajo técnico con los miembros o los representantes del Ministerio de Economía. De por sí venimos trabajando muy arduamente con ellos, con entendemos que tienen toda la predisposición para ayudarnos en ese sentido. Así que se tiene hasta este fin de mes, porque se aprueba en la ley de presupuesto y es en ella donde se van a plasmar finalmente los recursos que nosotros queremos.
¿Cuánto requiere el JNE?
En una primera versión 370 millones soles, pero por algunos cambios adicionales que se han ido dando, necesitemos 170 millones adicionales a los ya requeridos. Por ejemplo, en el tema de la conservación de los votos o de las cédulas de votación, hay una garantía que se tiene que dar para garantizar la línea de custodia de donde están almacenadas, que van a estar en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
¿A quién le corresponde la custodia de las cédulas?
A los dos organismos electorales en el sentido de que la ONPE tiene que custodiar las cédulas. Las cédulas antes se destruían, ahora se tienen que conservar hasta el final del proceso electoral y la toma de decisiones finales, pero cuando se requieran por parte del JNE, a través de sus jurados electorales especiales para la toma de decisiones, se le van a solicitar y esa línea de custodia desde la ONPE, el traslado, porque podría haber muchos incentivos para que en el camino pueda, por ejemplo, quieran que esas cédulas se pierdan o se extravíen o puedan ser manipuladas. Esa línea de custodia genera una serie de necesidades y obviamente una serie de recursos adicionales a los que venimos planificando poco a poco.
Además de la cadena de custodia y de los fiscalizadores, ¿para qué más sería este presupuesto?
Estamos hablando del desarrollo, evaluación del voto digital, pero también se tiene que fiscalizar no solamente el voto digital, sino todas las herramientas digitales que se van a implementar a través de estas elecciones. Estamos hablando del DNI electrónico, de las herramientas digitales de la ONPE. Nosotros mismos tenemos una inteligencia artificial, así que es un gran despliegue. También hay una gran cantidad de oferta electoral y una complejidad para ejercer el voto.
¿La limitación del presupuesto limita para ustedes el poder hacer una campaña informativa adecuada?
Correcto, nos limita en todas las líneas de acciones porque son tres las elecciones que nos van a tocar el otro año: generales (presidentes, senadores, diputados, Parlamento Andino), subnacionales (alcaldes, gobernadores regionales) y de centros poblados. Esas tres elecciones, ninguna de ellas tiene el presupuesto completo que nosotros hemos propuesto y eso dificulta mucho o podría dificultar mucho y hasta limitar, poner en riesgo el normal desenvolvimiento del proceso. Si no nos dan los recursos necesarios, están en riesgo los procesos electorales del próximo año.
Sobre lo que pasó con el partido Unidad Popular de Duberlí Rodríguez, ¿existe o no la inscripción provisional?
No, eso está derogado hace años, no lo hemos dicho desde el pleno actual, sino que ya van como tres o cuatro plenos anteriores que han dicho eso. Esto está inscrito también en un proceso de derogación tácita. El JNE ya ha manifestado en varias oportunidades que esta norma que es el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones que preveía la inscripción provisional está derogada desde hace muchos años.
Entonces, la resolución que emitió el juez John Paredes donde específica que el artículo no de derogó es incorrecta...
Totalmente incorrecta. Por eso hemos presentado una acción competencial que va más allá de ese caso. Es una gran irresponsabilidad querer romper el cronograma electoral mediante estas acciones y por eso hemos ido al proceso competencial. Estamos denunciando estos magistrados.
¿Es necesario hacer correcciones en el sistema electoral?
En cuanto a la justicia electoral tenemos que mejorar y decir que la justicia electoral no debe ser una justicia basada en el Código Procesal Civil, parece un tema muy técnico, porque ese código ve contratos, obligaciones, aquí lo que vemos son decisiones de orden e interés público y eso es derecho administrativo puro.
¿El JNE debería tener una capacidad más sancionadora?
Hay que ponderar, porque creemos que sí se tiene que fortalecer el sistema sancionador que se ha venido debilitando. Hay que ver en dónde este podemos poner esa esos faroles para poder crear desincentivos para que haya menos actuaciones que rompan los principios de neutralidad, de propaganda electoral, de publicidad. También tenemos que hacer que la fiscalización sea una sola.
Si hay una fórmula presidencial con un candidato a la primera o segunda vicepresidencia inhabilitado, ¿ingresa su accesitario o se elimina toda la lista?
En cuanto a la plancha presidencial, si cae el candidato presidencial, cae toda la plancha, no cae la lista de senadores, diputados y Parlamento Andino. Es decir, no tendría plancha presidencial, pero si al Congreso bicameral. Si dentro de la plancha presidencial se cae un primer vicepresidente que se propone, no se cae la plancha presidencial, cae el candidato.
