La congresista Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular, manifestó su preocupación por la falta de inclusión en la agenda del pleno del Congreso del debate sobre la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Durante la sesión ordinaria, Luque recordó que el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, había comprometido públicamente que este tema sería abordado en la primera sesión de marzo, lo cual no se cumplió.
“Muchos colegas estamos esperando el debate de la restitución de la detención preliminar. El presidente del Congreso, Salhuana dijo públicamente que hoy, en la primera sesión ordinaria, iba a ser el primer punto, y no se ha cumplido”, indicó Luque.
La parlamentaria señaló que este tema ya fue aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y consideró necesario que se discuta en el pleno para avanzar en su tratamiento.
Además, Luque informó que seis bancadas aún no han firmado el acta que permitiría incluir el proyecto en la agenda del pleno. Hasta el momento, las bancadas de Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo, Bancada Socialista, Avanza País, Honor y Democracia, y el Bloque Democrático Popular han respaldado la iniciativa.
Sin embargo, Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, el Bloque Magisterial y Somos Perú no han manifestado su apoyo, lo que impide alcanzar el quórum necesario para su discusión.
En febrero, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, había anunciado que el dictamen de insistencia para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia sería debatido y votado en la primera semana de marzo.
No obstante, este compromiso no se ha concretado, lo que ha generado expectativa entre los legisladores que buscan revisar los efectos de la Ley 32181, vigente desde diciembre de 2023, la cual eliminó la detención preliminar sin flagrancia.
La mencionada ley ha generado opiniones divididas. Por un lado, organizaciones sociales y entidades como el Ministerio Público han expresado su preocupación, argumentando que la medida dificulta la investigación de delitos graves, como violación sexual, asesinato, robo, sicariato, extorsión y corrupción.
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