La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) busca jugar en pared con la impunidad y hacer que la famosa frase “otorongo no come otorongo” se mantenga más vigente que nunca en el Congreso.
La prueba irrefutable es que el grupo de trabajo -que preside hace 156 días María Acuña (APP)- mantiene congeladas al menos 42 denuncias constitucionales por casos de “mochasueldos”, “viajeros”, “Los Niños” y otros por presunto enriquecimiento ilícito.
Ninguna de estas denuncias formuladas contra congresistas por la Fiscalía de la Nación, en las gestiones de Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza ha tenido un informe final. Es decir, ninguna ha llegado a ser evaluada por el pleno.
Solo un caso excepcional, fuera de estos 42, el de María Cordero Jon Tay, llegó y fue aprobado por el pleno.
El gran obstáculo para la Fiscalía es que al no aprobarse la denuncia en el pleno, la investigación no puede avanzar de fase preliminar a preparatoria.
En la SAC de Acuña hubo 16 sesiones entre ordinarias y extraordinarias, lo cual representa una cifra menor a las 21 sesiones que fueron desarrolladas durante la gestión de Lady Camones, entre setiembre de 2023 y enero de 2024.
FESTIVAL DE DENUNCIAS
Entre las denuncias presentadas que aún no reciben un informe final de parte de la SAC está la que involucra a los congresistas acusados de ser “Los Niños”, pero solo por el delito de tráfico de influencias.
Como sabemos, el Congreso archivó en mayo de 2023 a nivel del pleno, la primera denuncia constitucional, formulada por Patricia Chirinos en contra de Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Elvis Vergara y Jorge Flores.
Poco antes de este hecho, el Ministerio Público había presentado una denuncia similar contra “Los Niños” y recién en diciembre de 2023, esta procedió solo por el delito de tráfico de influencias y no por organización criminal porque el pleno del Parlamento ya había deliberado por esto último.
De acuerdo con el artículo 89 del Congreso, no se puede volver a acusar por los mismos delitos a las mismas personas por lo menos hasta el siguiente periodo anual con nuevas pruebas. Ahora el caso está en espera.
Otro de los casos congelados es el de los “mochasueldos”. La mayoría de denuncias que fueron presentadas durante la gestión de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino involucran a Rosio Torres (APP), Raúl Doroteo (Acción Popular) e Hilda Portero (Acción Popular. Asimismo, a los de Podemos Heidy Juárez, Katy Ugarte, Jorge Flores, Edgar Tello, José Arriola y Darwin Espinoza.
A ellos se les imputa haberle recortado el sueldo a sus trabajadores durante el ejercicio de sus funciones, entre el 30% y hasta el 50% según sea el caso.
Ahora, en la legislatura que empieza en marzo de 2025, la nueva gestión de la SAC deberá evaluar la denuncia que presentó el 7 de enero la Fiscalía contra seis legisladores acusados de presunto peculado doloso. En esa acusación se implicó a Kira Alcarraz (Podemos), María del Carmen Alva (No Agrupada), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Edward Málaga (Avanza País), Jorge Zeballos (Renovación Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular).
Todos ellos habrían utilizado boletos aéreos costeados por el Parlamento para viajar a la ciudad de Trujillo con el fin de asistir al cumpleaños de Bazán Calderón.
Para el Ministerio Público esta situación fue una violación a las normativas que regulan el uso de recursos públicos.
Entre tanto, a esta lista de casos pendientes se le adhieren las denuncias contra Patricia Chirinos por peculado doloso; a Luis Aragón, Jorge Flores y Luis Kamiche por patrocinio ilegal; y contra María Córdova también por peculado doloso.
Otro caso pendiente que deberá resolverse es el que recientemente fue presentado contra 11 congresistas por aprobar una ley que benefició a cinco legisladores que reciben pensión por haber sido militar o policia, adicional a su sueldo de legisladores.
En este último caso están involucrados José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.
Ayer se conoció que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará hoy un informe final que salva a Rosio Torres (APP) de la acusación constitucional por presunto recorte de sueldo.
El informe de Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) recomienda el archivo de la denuncia pese a que el Poder Judicial ya ha aceptado levantarle el secreto bancario y de las comunicaciones de la apepista. Torres mochaba hasta los bonos y usaba a trabajadores para fines ajenos al Congreso.
