Salatiel Marrufo acusado de buscar beneficios para aportante de la campaña de Pedro Castillo

Salatiel Marrufo, implicado en el caso “Gabinete en la sombra” y exasesor de Geiner Alvarado, es acusado de presionar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para lograr una decisión a favor de una empresaria que, según un exfuncionario, aportó a la campaña de Perú Libre.

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En declaraciones para Cuarto Poder, William de la Vega, exdirector de Gestión del Patrimonio Estatal de la SBN aseguró que fue retirado del cargo por no haber logrado emitir resoluciones para que una propiedad registrada del Estado pase a manos de una empresaria, Sada Goray.

El caso en cuestión es denominado en el reportaje como el “expediente Chilca”, unas 60 hectáreas de terreno que Sada Goray Chong reclamó como suyas ante la SBN para poder concretar su venta ante una inmobiliaria por un valor de 33 millones de dólares..

Lo que bloqueaba la venta eran dos casaciones que resuelven que el terreno reclamado por la empresaria pertenecen al Estado y que ningún trámite administrativo puede estar por encima de una resolución judicial. A pesar de esto, Cynthia Rudas, máxima autoridad de la superintendencia, exigió que se revise el caso para favorecer a la reclamante.

“[¿Por qué tenía que apoyarla?] Porque ella había apoyado al partido. Sada había apoyado al partido. Eso según la conversación que tuve con Rudas”, manifestó De la Vega en alusión a presiones que venían de “arriba” y que se canalizaron a través del entonces jefe del gabinete de asesores de Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo.

William de la Vega asegura que, luego de que no lograra una resolución que permitiera el traspaso de la propiedad a favor de la empresaria, Rudas lo puso en contacto telefónico con Marrufo y este último fue quien pidió explicaciones sobre el expediente Chilca. El investigado envió un nuevo currículum y De la Vega fue retirado del cargo ese mismo día.

La cadena de sucesos siguió hasta la designación de la abogada Flor Amelia Olivera Orellana, una exsocia de Sada Goray por decisión de una funcionaria de la superintendencia. Esta abogada emitió una opinión que facilitó una resolución para que los terrenos de Chilca dejes de ser parte del Estado y puedan ser vendidos por la empresaria.

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