Salen más contratos Omonte-Estado

El caso de Carmen Omonte bajó sus decibeles hasta ayer, día en que el premier René Cornejo se presentó ante el Congreso. No obstante, aún el tema tiene nubarrones que se tendrían que despejar.

Así, pese a que un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso fue usado como salvavidas de la ministra de la Mujer, el documento no incluye otros hechos flagrantes.

HOTEL BAJO SOSPECHA. Un hecho desconocido hasta ahora es el otro negocio del cual es propietaria la ministra y que ha venido contratando con el Estado desde el 2010: se trata de un hotel hacienda ubicado en el distrito de Churubamba, en Huánuco.

Ocurre que, según documentos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) de Huánuco, ficha registral N° 11078163, Omonte es accionista del 50% de la empresa Hacienda Santa Cruz S.A.C. El otro 50% es de propiedad de su exesposo, el empresario Luis Dyer Ampudia.

Hacienda Santa Cruz fue fundada en el 2009 con un capital de S/.1000 y al año siguiente hizo su primer contrato con el Estado por la suma de S/.2545.

La finalidad del acuerdo fue la prestación de ambientes para el Gobierno Regional de Huánuco, y fue la propia Omonte quien verificó el contrato en su condición de gerente general, como consta en la Sunat.

MÁS NEGOCIOS. Lo grave viene después. Según el Portal de Transparencia Económica del MEF, entre el 2012 y 2013, años en que Omonte era congresista, el hotel obtuvo contratos con el Estado por poco más de S/.10 mil.

El ingreso detallado es de S/.8298 ganados mediante un nuevo acuerdo con el Gobierno Regional de Huánuco, y S/.2730 con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que debía haber supervisado las polémicas concesiones mineras de Cemento Amazónico.

El artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe a los funcionarios públicos realizar negocios con el Estado, lo que incluye a congresistas y ministros. Así lo confirmó la abogada Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

"El artículo indica que no pueden ser postores. La prohibición envuelve a su esposo y, sobre todo, a la ministra. Se trata de actos ilícitos", advirtió Yaya.