La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, afirmó que su salida del cargo obedeció a presiones políticas ejercidas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y miembros de Renovación Popular.
El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado decidió su destitución el 5 de setiembre bajo la causal de “pérdida de confianza”.
“Es una destitución arbitraria, es el primer acto consumado en el que la Procuraduría General del Estado permite injerencia política. El pedido que hace el alcalde de Lima ha permitido que se me cese en el cargo”, declaró Carrión.
La exfuncionaria señaló que López Aliaga remitió tres oficios solicitando su apartamiento.
“El alcalde, presidente del grupo político Renovación Popular, está incluido en un caso penal en el cual nosotros participamos. Hay un evidente conflicto de interés porque está retirando a la procuradora que los persigue civilmente”, sostuvo.
Agregó que congresistas de la misma bancada también acudieron a la Procuraduría en junio para exigir su destitución, entre ellos el presidente de la comisión Lava Jato.
Carrión relató, además, haber recibido mensajes directos de López Aliaga, en los que le exigía incorporar a la Municipalidad de Lima en un procedimiento del caso Rutas de Lima.
“Me indicaba que tenía que tomar la decisión de ingresar al procedimiento de discovery porque si no iba a publicar varias cosas en prensa”, manifestó. Según dijo, las advertencias se tradujeron en campañas mediáticas en su contra a través de medios de comunicación.
La abogada también cuestionó las restricciones aplicadas el día de su salida. Indicó que perdió acceso a sus cuentas institucionales antes de ser notificada y que incluso se interrumpió el servicio eléctrico en la sede de la Procuraduría, lo que afectó la presentación de escritos en casos como el Gasoducto Sur. “Yo tenía documentos con plazo que vencían hoy y que tenía que cumplir”, explicó.
Respecto a los procesos en curso, Carrión advirtió que su destitución podría retrasar colaboraciones eficaces con empresas investigadas. “Son casos de soborno transnacional que necesitan experticia. El tiempo de aprendizaje de un reemplazo va a retrasar las negociaciones”, señaló.
Durante más de cinco años de gestión, Carrión logró el cobro de más de S/310 millones en reparaciones civiles y dejó sentencias por más de S/1,500 millones.
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