Sorteados del Servicio Militar Voluntario sí irán al VRAEM, dice Mindef

Aunque el primer ministro Juan Jiménez y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto, aseguraron que los reclutas del Servicio Militar Voluntario (SMV) no serán enviados a la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), el viceministro de Políticas para la Defensa, Mario Sánchez, afirmó ayer que los "voluntarios" que salgan sorteados sí tendrían que ir a ese convulsionado territorio.

"Quiero aclarar un malentendido que hubo ayer con las declaraciones del almirante Cueto", expresó Sánchez antes de advertir que "aunque no los ponen en la primera línea de combate", el personal del servicio militar sí va a las bases del Ejército que se encuentran en las zonas de emergencia.

El pasado martes, el mismo funcionario había afirmado que los reclutas que prestan servicio militar pueden estar listos para ir al VRAEM a los seis meses de instrucción y entrenamiento.

"Algunos tendrán que ser enviados al VRAEM, pero para eso hay todo un proceso de entrenamiento, una instrucción de seis meses (...) Le aseguro que sí es suficiente, se lo digo por experiencia", declaró a un medio radial.

DESATINO. En otro momento, Sánchez se esforzó en explicar que el servicio militar "es voluntario" y que "cualquiera" podría pagar los S/.1850 de multa por no acudir al llamado tras el sorteo previsto para mayo.

"Yo creo que cualquiera; toda persona podría pagar la multa. Si uno maneja sin brevete o no vota, o si incumple su deber como miembro de mesa, tiene que pagar una multa. ¿Cuál es la diferencia?", apuntó a Canal N.

CATERIANO EN LA MIRA. Todo ello complicó la situación del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien podría ser interpelado por el Congreso.

La bancada fujimorista anunció que presentará una moción para interpelar a Cateriano por su deficiente gestión al impulsar el polémico Decreto 1146, que busca modificar la Ley del SMV al obligar a enrolarse al Ejército a los jóvenes que salgan sorteados y no puedan pagar los S/.1850 de multa.

"Debe explicar por qué los derechos de los jóvenes están siendo discriminados y las contradicciones del Gobierno en este proyecto", manifestó Rolando Reátegui.