:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
Este lunes, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, levantó una de las restricciones impuestas a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que le prohibía brindar declaraciones a los medios sobre la investigación que enfrenta en el marco del caso Línea Amarilla.
“Excluyo como regla de conducta impuesta en la resolución número 18 del 12 de julio del 2022 por este juzgado de esta instancia esta regla: prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa radiales, escrita y televisiva respecto a este caso por el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en la casación 2848-2021 con relación a (Pedro) Kuczynski Godard donde se trató esta misma regla de conducta y las ha excluido”, anunció el magistrado.
La decisión fue tomada por el juez Chávez Tamariz durante una audiencia en la que la defensa de Susana Villarán solicitaba la caducidad de las demás reglas de conducta que le fueron impuestas el 12 de julio de 2022. No obstante, el magistrado declaró infundado el pedido.
El juzgado fundamentó su resolución señalando que aún no se ha cumplido el plazo de 36 meses establecido por la entonces vigente Ley 30077, vinculada a delitos de crimen organizado.
“Puntualmente debido a que aún no ha concluido el plazo de los 36 meses que corresponde a una concordancia del articulo 272 del Código Procesal Penal y por la ley vigente en ese entonces la 30077 y considerando el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones que ha fijado ese plazo”, añadió en la audiencia.
De acuerdo a la investigación que sigue a Susana Villarán, la exalcaldesa habría concertado con directivos de las empresas O.A.S Sucursal Perú y Lamsac a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en 2012, lo que permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por Lamsac en 2013 a cambio de apoyo económico para su campaña de reelección en el sillón municipal en 2014.
Asimismo, Villarán afronta otro proceso penal por presuntos aportes ilegales de más de 10 millones de dólares de las empresas brasileras Odebrecht y OAS para financiar tanto su campaña por el “NO” a su revocatoria en 2013 como para su reelección en sillón municipal en 2014.
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