La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato solicitó una reparación civil que bordea los S/ 1,000 millones en el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros implicados por los presuntos aportes de constructoras a sus campañas políticas.
El pedido fue formulado por el procurador Carlos Fernández durante la tercera audiencia del proceso ante el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional.
El requerimiento comprende el pago de una reparación total de US$ 286 millones y casi S/ 24 millones, montos que equivalen a cerca de mil millones de soles al tipo de cambio actual.
Este pago se aplicaría solo si los acusados son declarados civilmente responsables al término del juicio. Según fuentes citadas por El Comercio, la Procuraduría ya ha solicitado embargos por S/ 140 millones para garantizar el eventual cumplimiento de esta obligación.
La suma total proviene de trece pretensiones de reparación vinculadas a los doce hechos y cinco delitos incluidos en la acusación fiscal. Estas deberán ser asumidas de forma solidaria por los 21 acusados y 16 personas jurídicas procesadas, entre las que figuran las empresas Odebrecht, OAS, Rutas de Lima y Línea Amarilla (hoy Limex). También se incluye a los herederos de los fallecidos José Miguel Castro y Mario Ruas Nogueira.
El mayor monto corresponde al presunto delito de colusión relacionado con el proyecto Rutas de Lima y los aportes de Odebrecht a la campaña del No a la Revocatoria, por el que se solicitan US$ 181 millones. Por este mismo hecho, la Procuraduría plantea un daño “extrapatrimonial” de US$ 45 millones por el “daño a la identidad institucional del Estado”.
Asimismo, se piden S/ 6,7 millones por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de reelección de 2014 y US$ 6 millones por los aportes de OAS a la campaña contra la revocatoria. En el caso de Graña y Montero, el pedido asciende a US$ 19 millones por la Vía Expresa Sur.
Las reparaciones también abarcan presuntos delitos de lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración ante autoridades electorales, sumando un total de US$ 286 millones y S/ 23,9 millones. El tribunal recordó que el monto final de la reparación, de corresponder, será fijado en moneda nacional.
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