En llamada a RPP asegura que la muerte de su gerente municipal le causó mucho dolor. Reportó acciones violentas frente a su domicilio del grupo llamado La Resistencia. “Están llamándome asesina y realmente infundiendo temor”.
En llamada a RPP asegura que la muerte de su gerente municipal le causó mucho dolor. Reportó acciones violentas frente a su domicilio del grupo llamado La Resistencia. “Están llamándome asesina y realmente infundiendo temor”.

El sábado, en unas brevísimas palabras en RPP, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, dijo con voz quebrada que tenía miedo de ser acusada por la muerte de quien fue su gerente general en la Municipalidad Metropolitana de Lima, José Miguel Castro.

El exfuncionario y amigo de confianza fue hallado muerto, en circunstancias muy violentas, en su departamento, el 29 de junio reciente.

La acusada burgomaestre en el caso Lava Jato se mantuvo en silencio desde entonces sin hacer caso de los requerimientos de la prensa nacional.

Pero el último sábado por la noche ella telefoneó a RPP para reportar que un grupo de personas violentas de la llamada “La Resistencia” estaban frente a su domicilio, en el distrito de Lurín.

“Un grupo de ”La Resistencia" están en las afueras de mi hogar y lanzando arengas y gritos violentos, llamándome asesina y, realmente, infundiendo temor, que es lo que quieren”, dijo.

“Vienen diciendo cosas muy graves, muy duras”, lamentó.

Remarcó la ausencia de personal policial.

“Creo que nadie merece un maltrato de esa naturaleza y que la fuerza pública no exista, ¿no?”.

Aseguró que le causó mucho dolor la muerte de José Miguel Castro.

“Y sí. Realmente -dijo finalmente- siento temor de que me acusen de la muerte de una persona que me ha llenado de dolor saber su muerte violenta y dura”.

JUICIO ORAL

El inicio del juicio oral contra Villarán ha sido fijado para el 23 de septiembre próximo por acusaciones de corrupción en el caso Odebrecht, OAS y Línea Amarilla.

El jueves 10 de julio se llevará adelante la audiencia judicial que evualará el pedido de impedimento de salida del país de la exalcaldesa y otras personas, mientras dure el juicio por los presuntos aportes irregulares que habría recibido de las empresas brasileñas Odebrecht (hoy Novonor) y OAS en los 2013 y 2014.