(Foto: Presidencia)
(Foto: Presidencia)

El próximo 24 de abril, el Tribunal Constitucional evaluará la demanda de amparo que presentó Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional que interpuso la Fiscalía de la Nación en su contra ante el Congreso por la muerte de cinco personas y las lesiones graves de una sexta en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Dicho organismo analizará el recurso legal de la presidenta con el que busca que se archive la investigación fiscal por la muerte de estas 5 personas y las lesiones de una sexta, y se declaren nulo y sin ningún efecto los actos realizados por la Fiscalía en este caso al indicar que se vulneraron sus derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones fiscales, al debido proceso y la desnaturalización de la prerrogativa de la inmunidad presidencial.

La audiencia se realizará a partir de las 9:15 de la mañana en su sede institucional ubicada en la ciudad de Arequipa. Ese día se escucharán las partes procesales involucradas con el objetivo de emitir una decisión en los próximos días.

La demanda de amparo llegó Tribunal Constitucional el 28 agosto del 2024, luego de haber sido rechazada antes por el juez Jonathan Valencia López y la Segunda Sala Constitucional de Lima, en primera y segunda instancia, respectivamente en el PJ.

Como se recuerda, la Fiscalía presentó dicha denuncia constitucional contra Dina Boluarte en noviembre del 2023 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para que se proceda con el respectivo trámite.

No obstante, el 18 de julio del 2024, este grupo rechazó aprobar el informó que proponía admitir a trámite esta denuncia constitucional, por lo que la decisión tendrá que ser revisada por la Comisión Permanente del Congreso, instancia que si rechaza el informe, este caso será archivado.

Dina Boluarte: Amplían denuncia contra presidenta ante la Corte Penal Internacional por muertes en protestas

Un grupo de juristas y políticos denunciaron a la presidenta Dina Boluarte el 20 de agosto del 2024, y a otros funcionarios de su Gobierno, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debido a las muertes en las protestas antigubernamentales registradas fines del 2022 e inicios del 2023.

Tras seis meses, la comitiva informó este jueves que ampliaron los alcances de la denuncia contra la mandataria ante la instancia con sede en La Haya, pues surgieron una serie de elementos nuevos relaciones con la conducta de las autoridades supuestamente implicadas en la muerte de 49 ciudadanos.

Dicho documento está suscrito por Walter Albán, exdefensor del Pueblo; Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros; Mesías Guevara, exgobernador regional de Cajamarca; Harold Forsyth, exrepresentante del Perú ante la OEA; Indira Huilca, excongresista; Sonaly Tuesta, exviceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; entre otras personas.

La ampliación se basa en la necesidad de completar información concreta sobre lo ocurrido en los últimos meses en relación con tales hechos y la situación de las víctimas, de acuerdo con los requerimiento jurídicos de la CPI”, se lee en una carta a la que tuvo acceso RPP.

Asimismo, los denunciantes indican que aún nadie purga condena por los “abominables ilícitos penales”, también que el caso no se ha llevado a juicio hasta el momento.

Esto nos obliga a actualizar la denuncia con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos”, señalaron.

En ese sentido, informaron que con el apoyo de organizaciones internacionales, prevén promover la creación de una Comisión de la Verdad, para determinar la magnitud de los hechos y contribuya con la plena identificación de los que resultes responsables.

En nuestra anterior declaración, citamos al gran historiador tacneño Jorge Basadre. Esta vez asumimos una frase de otro gran peruano, Manuel González Prada: “El patriotismo no es amor a la tierra sino a la justicia”, concluye el escrito.

TE PUEDE INTERESAR