El Tribunal Constitucional evaluará, en última instancia, la demanda de habeas corpus presentada por Juan José Santiváñez, quien solicita que se frene el intento del Ministerio Público de privarlo de su libertad.
Ello se debe a que la Segunda Sala Constitucional de Lima resolvió “conceder” el recurso de agravio constitucional presentado por el exministro del Interior, a fin de revocar la resolución emitida el 13 de agosto, mediante la cual se confirmó la sentencia dictada el 2 de julio por la jueza Delia Tello.
En esa sentencia se declaró “improcedente” el habeas corpus presentado por Santiváñez contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder; y otros fiscales del Ministerio Público (Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales), alegando una presunta vulneración de su derecho a la libertad personal y al debido proceso penal.
A través de una resolución emitida el 4 de septiembre, a la que accedió RPP, la sala superior concluyó que el recurso de agravio constitucional presentado cumple con los requisitos previstos en el artículo 24 del Código Procesal Constitucional para su admisión.
En consecuencia, el colegiado superior dispuso remitir el recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional, instancia que, de admitirlo a trámite, deberá convocar a una audiencia para evaluar el fondo de la demanda de habeas corpus, con la participación de las partes procesales, y emitir una decisión definitiva en los próximos días.
La defensa del exministro del Interior solicita que se dejen sin efecto o se declaren nulas las actuaciones fiscales contenidas en una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de la Nación, en la que se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias agravado, entre otros, en perjuicio del Estado.
La defensa del exministro del Interior solicita que se dejen sin efecto o se declaren nulas las actuaciones fiscales contenidas en una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de la Nación, en la que se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias agravado, entre otros, en perjuicio del Estado.
Sin embargo, la Segunda Sala Constitucional de Lima resolvió que la investigación contra Santiváñez no constituye una amenaza inmediata a su libertad, ya que su propósito es recolectar pruebas para esclarecer los hechos y definir las medidas que correspondan.
“La pretensión del actor de manera genérica denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y la falta de imparcialidad de la fiscal de la Nación, sin precisar cuáles serías estas actuaciones específicas que conllevarían a afirmar lo alegado, y como ello tendría incidencia directa y negativa en el derecho a la libertad personal del recurrente o derechos conexos que incidan en ella”, sostuvo el colegiado en su resolución emitida el último 13 de agosto.
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