Torres ejecuta plan de cierre del Parlamento

Una advertencia hecha realidad. El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, planteó ayer intempestivamente una cuestión de confianza, figura que -según diversos expertos- estaría siendo forzada para que el Congreso de la República pueda ser disuelto.

De acuerdo a la Constitución, si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno (lo que incluye las leyes que se presenten bajo esa condición), el presidente de la República puede disolver el Parlamento.

Este sería el objetivo detrás de una movida que había sido anunciada por el propio Torres al Parlamento, pero con una excusa diferente.

El titular de la PCM, junto a los ministros de Estado, se presentó ayer ante el pleno y sustentó la cuestión de confianza que exige que se apruebe un proyecto de ley para derogar la ley antireferéndum.

Cabe recordar que días atrás, el premier había anunciado la aplicación de ese mismo mecanismo constitucional, pero por una iniciativa que buscaba dejar sin efecto la norma que desarrolla la aplicación de la cuestión de confianza. Esta iniciativa fue archivada por mayoría.

MEDIDA. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, llegó a las instalaciones del Palacio Legislativo pasada las 9 y 30 de la mañana cuando la Representación Nacional se reunía en el hemiciclo en sesión plenaria.

Vásquez, en compañía de sus ministros, se presentó en el recinto haciendo uso del Art. 129 de la Carta Magna, que contempla que todo el Gabinete o miembros por separado pueden acudir a las sesiones plenarias y participar en el debate, salvo votar, en caso que no sean congresistas.

Durante su intervención, el titular de la PCM presentó la cuestión de confianza para pedir la aprobación de la iniciativa legislativa No. 3570/2022-PE para que se derogue la ley 31399, que protege la Constitución para limitar el referéndum.

Torres Vásquez señaló que con el referido proyecto no se pretende cerrar el Parlamento, sino establecer una facultad del pueblo de participar en temas de mayor relevancia, a fin de que “el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano”.

“El motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi Gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día, que deroga la Ley 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulados en los artículos 40 y 44 de la ley 26300, ley de derechos de participación y control ciudadano”, señaló.

“Téngase presente que la ley que solicitamos se derogue, la 31399, es una ley ordinaria, no es constitucional (...). También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional ha declarado o no constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas”, agregó.

El premier manifestó que “si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso”, desde el Gobierno “hubiésemos presentado dos o más proyectos de ley planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de estos”.

Vásquez sostuvo que “nada impide formular” este mecanismo “de manera simultánea o sucesivamente”, de igual forma que el Parlamento aplica control político -a través de interpelaciones y censuras- de forma recurrente.

Lo más importante lo dijo al final. Advirtió que si la cuestión de confianza es declarada inadmisible o improcedente, se entenderá como un rehusamiento a su pedido.

“Si la confianza le es rehusada, (la Constitución) no dice rechazada expresamente, (...) el rehusamiento puede ser por cualquiera de esos mecanismos: declarar la inadmisibilidad, declarar la improcedencia o cualquier otro mecanismo. Eso lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza que estamos planteando en este momento”, aseveró.

Así, pese que Torres negó la posibilidad de un cierre, el Congreso quedó notificado de un plan tan siniestro como evidente y que siempre estuvo en la agenda de un régimen infestado de corrupción.

Tras la exposición del premier, el presidente del Congreso, José Williams, suspendió la sesión hasta las tres de la tarde.

De acuerdo a la iniciativa del Ejecutivo, el referéndum es un derecho constitucional conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional (TC), cuya aplicación se ve afectada por la Ley 31399.

DEBATE. La sesión del pleno se reanudó por la tarde, pero para discutir otros temas de la agenda. Por la noche, Williams indicó que “la Mesa Directiva está evaluando la decisión sobre el trámite de la cuestión de confianza”, planteada por el premier.

El titular del Congreso señaló que en el Parlamento “estamos en los plazos que corresponden” al hacer referencia a la norma que contempla que la cuestión de confianza puede ser vista el mismo día de su presentación o en la siguiente sesión del pleno, como se prevé.

En tanto, Luis Aragón (Acción Popular) sostuvo que el Gobierno solo puede presentar cuestión de confianza “sobre política de economía, educación y exteriores”, y no en base a cualquier ley aprobada por el Congreso.

Por su parte, el no agrupado Guido Bellido señaló que el Ejecutivo utiliza prerrogativas que le faculta la Constitución y es evidente que existan consecuencias a partir de estas acciones, mientras que Eduardo Salhuana (APP) consideró -en RPP- que el premier presentó la cuestión de confianza “pensando en la visita de la OEA”.