El Congreso de la República parece haber olvidado un principio básico: no tiene iniciativa de gasto. Sin embargo, el miércoles por la noche, el Pleno aprobó -en primera votación- un dictamen que plantea otorgar a los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 105, la norma que regula la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), beneficios como gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
El trasfondo del debate no está en los derechos laborales que recibirán los más de 300 mil empleados CAS, sino el impacto fiscal que la medida generaría.
Según estimaciones, el costo de financiar estas mejoras bordearía los dos mil millones de soles anuales.
Pese a ello, el Parlamento no precisó de dónde saldrán los recursos para cubrir esta millonaria carga al Estado. A este escenario se suma otro aspecto que el dictamen no contempla: la problemática de la eficiencia en el empleo público.
LOS CAMBIOS
Desde el 2022, congresistas de bancadas de izquierda presentaron iniciativas vinculadas a los beneficios para empleados CAS (ver infografía), pero el texto fue priorizado recién agosto de este año.
Cuando el dictamen fue visto en el Pleno, recibió 76 votos a favor, uno en contra y uno en abstención.
¿Qué dice el documento? Primero, que los trabajadores bajo la modalidad CAS, accedan a gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una de las cuales equivale a una remuneración mensual.
Lo segundo es que los trabajadores CAS accedan a la CTS, tomando como base el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio.“El pago de la CTS es cancelatorio y solo se efectiviza a la culminación del vínculo del servidor con la entidad”, se lee en el texto.
De acuerdo con información de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República al 2024, el personal CAS ocupa el 43% de la planilla estatal con 348 mil 749 trabajadores.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que el gasto que irrogarían los nuevos beneficios al personal CAS, ascenderían a 1947 millones de soles.
EN CONTRA
Pero, ¿de dónde saldrá el presupuesto para financiar este nuevo gasto? El Congreso solo añade en el documento que para implementar el pago de aguinaldos y la CTS, se debe autorizar de manera excepcional y con permiso del MEF, que las entidades públicas del Gobierno Nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales que tengan servidores sujeto al régimen del Decreto Legislativo 1057, puedan efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático.
Un dato no menor es que durante el debate de la propuesta legislativa, el MEF envió su opinión a la Comisión del Presupuesto y Cuenta General de la República.
La Dirección de Personal Activo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF señaló: “El otorgamiento de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad al personal comprendido en los regímenes laborales del Decreto Legislativo N° 276 y del Decreto Legislativo N’ 1057, similares a los percibidos por el personal comprendido dentro del régimen de la Ley N° 30057, implicaría un costo diferencial anual ascendente a S/ 1 947 millones, irrogando gastos adicionales al Tesoro Público".Mientras que la Dirección General de Presupuesto Público del MEF recordó que el proyecto de ley no expone el análisis del costo beneficio.
“Se supedita el financiamiento al otorgamiento de mayores recursos lo que generará demandas de recursos adicionales al Tesoro Público”, se lee en el oficio enviado por el MEF.
ANÁLISIS
Para el economista César Peñaranda, la ley tendrá un impacto fiscal porque no contempla el presupuesto.
“Los trabajadores CAS que reciban gratificación y CTS, es un recurso no previsto que sin duda va a tener un efecto para el Gobierno entrante”, indicó.
En diálogo con Correo, el experto consideró que el proyecto es una bomba de tiempo, porque la tendencia del déficit fiscal en el Perú aún es mala.
“El próximo Gobierno va a tener un serio problema que va a tener que resolver”, reiteró.
Desde su punto de vista, el texto aprobado en primera votación por el Congreso obedece a una medida populista con miras a las elecciones generales 2026.“Son medidas populistas y es lamentable. El Congreso no tiene capacidad de gasto, pero parece que es letra muerta”, indicó. Sin embargo, Peñaranda afirmó que el sistema laboral necesita una reforma integral.
“La reforma laboral es una de las prioridades que debe considerar el nuevo Gobierno”, apuntó.
Por su parte, el abogado laboralista Carlos Cadillo explicó que para agregar beneficios a los trabajadores CAS, debe considerarse que el presupuesto funcione.
“Ese es uno de loas aspectos más importantes, porque los trabajadores CAS dependen de las entidades públicas que se manejan en base a presupuesto y la idea es que sea sostenible”, indicó.
El socio del estudio Miranda & Amado recordó que el sector privado tiene un margen de decisión sobre su presupuesto. Sin embargo, si se busca agregar derechos a los trabajadores CAS, “primero se debe ver si es viable para los que tienen el presupuesto”.
“Yo diría que es una bomba de tiempo, porque presupuestariamente no calza. Si uno hace una valoración de lo que va a costar en el Estado con la cantidad de gente que se contrata en los últimos años, no se va a poder asumir ahora”, sostuvo.
De aprobarse la norma, Cadillo Ángeles recomendó que se otorgue un periodo de ampliación y no se aplique de manera inmediata, porque será imposible de cumplir.
“Debería haber una observación para un año. Sugeriría que se aplique, pero más adelante. Lo más razonable es que se apruebe en el 2027. Está bien que se sumen derechos y beneficios, pero siempre hay que ver si es viable y si hay sostenibilidad económica”, agregó.
Mientras que el abogado laboralista Manuel Ávila Mendoza recordó que el personal CAS representa más del 40% de la planilla del Estado.
“La pregunta siempre surge de dónde va a salir el monto económico, según la Dirección de Recursos Humanos del MEF le va a costar dos mil millones de soles”, indicó.
En diálogo con canal N, el experto fue enfático al señalar que el Congreso no ha indicado de dónde van a salir los recursos, solo que se debe coordinar con el MEF.
Por ahora, el presidente del Congreso, José Jerí, adelantó que la segunda votación del dictamen se realizaría en el mes de octubre.
