Tras la firma del Tratado de Alta Mar por parte de la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aseguró que el acuerdo se centra en la conservación marina en aguas internacionales y no compromete la soberanía ni la actividad pesquera del país. (Foto: GEC)
Tras la firma del Tratado de Alta Mar por parte de la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aseguró que el acuerdo se centra en la conservación marina en aguas internacionales y no compromete la soberanía ni la actividad pesquera del país. (Foto: GEC)

La firma del Tratado de Alta Mar por parte de la presidenta Dina Boluarte durante su participación en la Cumbre de los Océanos (UNOC3), realizada en Niza, Francia, ha generado reacciones encontradas en el Congreso y en gremios empresariales peruanos. Sin embargo, desde el Ejecutivo han salido a aclarar los alcances del acuerdo.

El titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro, explicó que existe una confusión entre este tratado y la Convención del Mar (Convemar) de 1982, documento que Perú nunca suscribió. “Son dos cosas muy distintas. Lo que la presidenta ha firmado es el Tratado de Alta Mar, que no tiene relación directa con la Convemar”, precisó en declaraciones a RPP.

El Tratado de Alta Mar tiene como objetivo la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales, es decir, fuera de la jurisdicción nacional. Por ello, según el ministro, no afecta la soberanía marítima ni la actividad pesquera peruana.

Las críticas, sin embargo, llegaron desde el Congreso. El parlamentario José Cueto (Honor y Democracia) alertó sobre una supuesta relación entre el tratado y la Convemar, especialmente por el contenido del artículo 5 del nuevo acuerdo. “Creo que complementa la Convención del Mar del 82. Ahí se establece un estatuto general para la gobernanza de los océanos”, afirmó.

Frente a ello, el ministro Castro insistió en que el artículo 5 del tratado no impone restricciones a los derechos ni a la jurisdicción de los Estados y que el artículo 10 excluye específicamente la pesca regulada por normas internacionales, como la que realiza Perú dentro de sus 200 millas marítimas.

La controversia también se trasladó al sector empresarial. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y ComexPerú expresaron su rechazo al tratado. En respuesta, el ministro del Ambiente anunció que se establecerá un diálogo con los gremios pesqueros para aclarar dudas.

“El Ejecutivo está dispuesto a conversar con los gremios empresariales, especialmente con el sector pesquero, para explicar que no existe afectación alguna a los derechos ni a la soberanía del país”, finalizó Castro.