Un nuevo revuelo ha generado el Gobierno luego que la presidenta Dina Boluarte firmara el Tratado de Alta Mar, el último lunes 9, en Niza, Francia. El acuerdo se suscribió durante la participación de la dignataria en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), en un viaje al país europeo que el Congreso autorizó, pero ahora parece lamentar.
Hasta ahora, tres gremios empresariales condenaron la medida, congresistas de distintas bancadas mostraron su disconformidad y en la Fiscalía ya corre una denuncia contra Boluarte por una presunta “traición a la patria”.
Desde el empresariado, se asegura que se trata de una medida que afecta la “soberanía” del país. La adhesión del Perú al Tratado de Alta Mar, sin embargo, está lejos de ello, según los especialistas.
A flor de piel
El Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales —BBNJ por sus siglas en inglés— es popularmente conocida como el Tratado de Alta Mar.
Se trata de un instrumento jurídico-internacional, que nace el 19 de junio de 2023 pero que aún no entra en vigencia. Los aspectos claves de su aplicación radican en su propio nombre: se apuesta por la conservación de la biodiversidad marina, pero solo a las aguas que van más allá de las 200 millas náuticas de las costas de los países que lo suscriben.
En el Perú, los primeros en iniciar el debate fueron los gremios empresariales. Horas después de conocerse la suscripción, ComexPerú, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) emitieron un comunicado conjunto rechazando la medida.
“Representa una pérdida de soberanía de nuestro país en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros”, asevera el comunicado.
Agrega que el “BBNJ impone restricciones innecesarias”, que “pretende debilitar” organizaciones regionales, donde participa Perú, como las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP)” y que el acuerdo “es impulsado por las ONG que buscan acabar con sectores productivos, como la pesca, en nuestro país”.
En una posición distinta, la Asociación de Exportadores (ADEX) aseguró que “solicitará una opinión jurídica especializada a fin de analizar a fondo” el contenido del tratado, su “compatibilidad con el marco legal e internacional” y su impacto.
Congreso reacciona
Instalada la polémica, las reacciones continuaron al interior del Parlamento. La congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular) consideró que Boluarte firmó el tratado “para justificar su viaje a Francia”, mientras que su colega de Honor y Democracia, José Cueto, aseveró que no recordaba que la mandataria haya informado de la suscripción, cuando le pidió al Congreso permiso para viajar.
La realidad, sin embargo, es otra. Tanto en la documentación enviada por la dignataria, como su agenda de actividades en Francia, se advertía de dicho punto.
Según Cueto, “en el artículo 5 pone claramente que ‘entiéndase por convención o convenio todo lo relacionado a la Convención del Mar’ (Convemar), firmada por varios países, pero no por Perú (…). Hasta donde he leído, sí (afecta la soberanía)”, indicó a RPP tras considerar que el canciller Elmer Schialer debe acudir al Congreso a dar explicaciones.
Schialer, sin embargo, reafirmó al mismo medio que el acuerdo solo “se ocupa de los espacios marinos más allá de las jurisdicciones nacionales”. Así, consideró como ventajas “acceder a recursos financieros (…) o cooperación técnica”, y que se “fortalecerá la imagen internacional del Perú como un país comprometido con el mar”.
Y agregó: “Es un tratado ambiental que Perú puede firmar (…) no (siendo) parte de la Convemar. Quien dice lo contrario, miente”. Por otro lado, el titular de Torre Tagle señaló que parte de las críticas provienen de una “política local electorera”.
La bancada de Perú Libre, en tanto, se pronunció vía X y asumió una postura similar a la del sector empresarial: “Es un acto de entreguismo que busca imponer los objetivos de la nefasta Convemar que pretende reducir nuestro dominio soberano de 200 a solo 12 millas marítimas (…). En la práctica, significa una renuncia a la soberanía sobre nuestros recursos minerales y petroleros”. Del otro lado, legisladores como Edward Málaga (no agrupados) y Heidy Juárez (Podemos) expresaron su apoyo al tratado.
Las claves
Lo real es que el Tratado de Alta Mar contiene una serie de artículos, divididos en varios capítulos, que precisan su aplicación. Solo en el primero, se precisa que las “zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” —rótulo parcialmente incluido en parte de su nombre más extenso— hacen referencia a “la alta mar”, es decir, a aguas internacionales fuera de las 200 millas.
El objetivo, detalla en el artículo segundo, “es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, en el presente y a largo plazo, mediante la implementación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención (Convemar) y una mayor cooperación y coordinación internacionales”, describe. La Convemar es un tratado internacional que fija un marco legal para el uso de los océanos y mares del mundo.
Este último aspecto, el más cuestionado por un sector político, encuentra mayor precisión en parte del artículo 5: “La situación jurídica de quienes no son partes en la Convención, o en otros acuerdos conexos con respecto a esos instrumentos, no se verá afectada por el presente Acuerdo”.
Sobre el tema, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay explicó a Correo que “no existe ninguna posibilidad jurídica, racional y seria, para sostener que hay una afectación directa, ni siquiera indirecta, a la soberanía del Estado”, pues “jamás se puede afectar la soberanía con un espacio que no le pertenece”.
“No es una negociación de última hora, pero la Cancillería debió ir al Congreso y detallar lo que se iba a firmar. (…) Los empresarios están siendo objeto de confusiones y de discursos demagógicos de quienes salen al frente, sabiendo el tema, y engañan a la gente. Los empresarios han sido sorprendidos”, dijo.
Lo descrito por el internacionalista, a su vez, tiene lugar en el artículo 10. Allí se destaca que las disposiciones “no se aplicarán a la pesca regulada por el derecho internacional pertinente y las actividades relacionadas” con ella, así como a los “peces u otros recursos marinos vivos que se sabe han sido capturados en actividades pesqueras, (…) en zonas fuera de la jurisdicción nacional”, salvo que estos estén regulados en uso de los “recursos genéticos marinos y la información digital” de ellos. Sobre este último aspecto recae la base del acuerdo.
Última palabra
Los 60 países deben ratificar su firma, vía Congreso u otro estamento, para que el acuerdo entre en vigencia. Hasta ahora, firmaron 134 y solo ratificaron 49.
