(Foto: Publimetro)
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El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la decisión respecto a las demandas de hábeas corpus que buscan apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del proceso conocido como Los Waykis en la sombra.

Estos recursos fueron presentados por las defensas de Nicanor Boluarte y del abogado Mateo Castañeda, ambos investigados como presuntos integrantes de una organización criminal destinada a captar funcionarios con el objetivo de favorecer la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.

Las solicitudes de hábeas corpus alegan falta de imparcialidad del magistrado, luego de que en agosto de 2024, durante una clase universitaria, utilizara diapositivas con imágenes de los investigados y un esquema que los vinculaba a una supuesta red delictiva.

La defensa de Boluarte sostiene que ello constituye un adelanto de opinión. “El juez no es el tipo de juez que la Constitución necesita”, manifestó el abogado Joseph Campos durante la audiencia, al advertir que la actuación del magistrado afectaría las garantías del debido proceso y el derecho a un juez imparcial.

Por su parte, la procuradora del Poder Judicial, Nieves Lucano, defendió a Concepción Carhuancho y señaló que la inclusión de las imágenes fue un error involuntario. “El mismo magistrado dice que fue un error. Acepta que nunca comentó ni mencionó directamente los nombres”, precisó.

No obstante, el magistrado del TC Gustavo Gutiérrez cuestionó esa explicación al interpelar: “¿Cuál fue el error? ¿Por qué se arrepintió? ¿Fue sin querer queriendo del doctor Carhuancho?”.

En paralelo, Mateo Castañeda criticó la labor del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), al asegurar que la investigación en su contra se sustenta en un audio que no figura en su expediente. “Todo mi caso se basa en la supuesta existencia de un audio, pero no existe en mi expediente hasta hoy”, afirmó.

Cabe recordar que las demandas de hábeas corpus ya fueron rechazadas en primera instancia y por la Primera Sala Constitucional de Lima, al considerar que los demandantes cuentan con vías procesales ordinarias como la recusación y la apelación.

De acuerdo con la tesis fiscal, la presunta organización buscaba colocar personas afines en prefecturas y subprefecturas para obtener fichas de afiliación y respaldo económico para el partido Ciudadanos por el Perú.

Tras escuchar los alegatos, el TC dejó al voto su decisión, cuyo pronunciamiento será definitivo. Aún no se ha fijado la fecha para la publicación de la sentencia.

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