“Vacunagate”: amplían investigación preliminar de dos a ocho meses

La Fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Norte dispuso ampliar de dos a ocho meses la investigación preliminar seguida por la irregular vacunación contra el COVID-19 de funcionarios públicos, con dosis de Sinopharm.

Fuentes de Correo confirmaron la decisión adoptada por el fiscal Marco Carrasco Campos debido a la serie de diligencias pendientes por realizar como declaraciones de involucrados, testigos e intervenciones.

El nuevo plazo de la investigación culminará el próximo 15 de octubre.

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El 15 de febrero pasado, Carrasco había abierto pesquisas por dos meses contra “los que resulten responsables” por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Asimismo, este diario pudo conocer que el fiscal declaró compleja esta investigación, al ser un caso de relevancia social.

EL CASO. Como se recuerda, el gobierno reveló una lista de 487 personas, entre ellas funcionarios del Ministerio de Salud y la Cancillería, que se beneficiaron con la vacunación irregular de Sinopharm.

Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, también vacunadas, renunciaron a los ministerios de Salud y Relaciones Exteriores, respectivamente.

Por ahora, la Fiscalía anticorrupción de Lima Norte no ha incorporado a ninguna persona como investigada con el fin de dar celeridad a las diligencias pendientes.

“Si incorporamos a todos los presuntos involucrados, demoraríamos en notificar a cada uno de ellos cada diligencia prevista”, explicaron las fuentes.

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No obstante, aseguraron que el Ministerio Público viene tomando las declaraciones de los exfuncionarios.

Se tiene previsto, por ejemplo, la declaración del exjefe de ensayos clínicos de Sinopharm, Germán Málaga, quien confesó públicamente que se había inoculado.

Cabe señalar que esta investigación es paralela a la seguida en la Fiscalía de la Nación  y que comprende a Mazzetti, Astete y al expresidente Martín Vizcarra, exaltos funcionarios que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político.

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